El Ayuntamiento de Candelaria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (Coactfe) suscribieron ayer un convenio de colaboración para la emisión de informes técnicos, con el que pretenden desbloquear expedientes de licencias de obra que continúan pendientes de resolución. El procedimiento afectará a cerca de 18 expedientes que deberán quedar resueltos en un plazo de tres meses.
El acuerdo se apoya en el Decreto ley 3/2025, que habilita a entidades como los colegios profesionales para elaborar los informes técnicos de conformidad de los expedientes y, de este modo, acortar los plazos de tramitación. Con esta fórmula, los informes que hasta ahora asumía íntegramente la oficina técnica municipal, pasarán a poder ser emitidos por el Colegio de Arquitectos y remitidos de forma directa a los servicios jurídicos del consistorio, que los validarían antes de que el Ayuntamiento expida la licencia.
Según fuentes del Colegio a las que ha tenido acceso este periódico, la saturación de las oficinas técnicas municipales en el Archipiélago, en algunos casos, “podría llegar a mantener paralizada una solicitud entre tres y cuatro años”, un retraso que, advierten, “espanta la inversión”. En ciertos municipios los tiempos pueden dilatarse entre estos plazos; en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, la media se sitúa entre seis meses y un año.
Explicaron que el decreto “agiliza y sustituye” los informes de la oficina técnica por los que elabora la propia institución, lo que permitiría “obtener una licencia de obra en menos de tres meses”, en búsqueda también de soluciones para paliar la crisis de vivienda.
La alcaldesa, Mari Brito, y el concejal de Urbanismo, Reinaldo Triviño, defendieron este convenio al suponer “una solución práctica a un problema concreto: dar respuesta a unos expedientes que llevaban demasiado tiempo a la espera y que afectan a vecinos que quieren construir o rehabilitar”. Ambos sostuvieron que la colaboración con el Colegio permite “ganar agilidad sin renunciar al rigor técnico” y cumplir con la obligación municipal de “resolver en plazo”. El coste para el Ayuntamiento asciende a 23.364 euros, una cuantía que, según citan, cubre únicamente los costes reales del trabajo técnico, sin beneficio. El convenio tendrá una vigencia de un año, prorrogable.
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