La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha resuelto incluir el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, también conocido como Monumento del Ángel o Monumento a Franco, en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. La resolución determina, además, su retirada del espacio público.
El documento concluye que el conjunto escultórico es contrario a la memoria democrática y que no concurren razones artísticas o arquitectónicas suficientes que justifiquen su mantenimiento. Esta conclusión se apoya en el informe definitivo y vinculante emitido el 23 de junio de 2026 por la Comisión Técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, titular del bien, queda requerido para ejecutar voluntariamente la retirada en un plazo máximo de seis meses. No obstante, ese plazo no empieza a contar de inmediato, sino desde el día siguiente a que deje de tener efectos el régimen de protección provisional previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.
La resolución señala que el monumento fue concebido como una exaltación y homenaje a Francisco Franco. Según el expediente, su finalidad originaria no puede interpretarse como un recordatorio genérico de víctimas ni como un elemento neutral, sino como un símbolo de exaltación personal y de triunfo militar vinculado al franquismo.
El texto también recoge que la obra se promovió en un contexto de propaganda oficial del régimen y como parte de una estrategia de monumentalización del poder y legitimación simbólica de la dictadura. La Comisión Técnica sostiene que la iconografía del conjunto es “inequívoca” y que no se han producido avances efectivos de resignificación democrática.
Durante el procedimiento, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aportó informes técnicos, histórico-artísticos y patrimoniales de la Fundación CICOP, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y el Organismo Autónomo de Cultura. Estos documentos defendían la existencia de valores artísticos, técnicos, compositivos y urbanos asociados al monumento, así como la relevancia de su autor, Juan de Ávalos.
La Comisión no cuestiona que el conjunto tenga determinados valores artísticos ni que sea una obra técnicamente compleja. Sin embargo, considera que esos valores no son suficientes para justificar su permanencia en el espacio público, al entender que están unidos a la finalidad propagandística y de exaltación política para la que fue concebido.
La resolución también aborda el expediente autonómico para declarar el monumento Bien de Interés Cultural. Recuerda que ese procedimiento fue incoado en septiembre de 2024 por el Cabildo de Tenerife y que activó un régimen de protección provisional. No obstante, el documento señala que la declaración como BIC ha sido rechazada por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, cuyo informe favorable es necesario para aprobar dicha protección.
En la parte dispositiva, Memoria Democrática acuerda la inclusión del monumento en el Catálogo estatal y determina su retirada del espacio público. También establece que su depósito y custodia deberán realizarse en una dependencia pública determinada por la administración titular o competente, “sin que ello implique en ningún caso su exposición pública”.
La resolución advierte de que el incumplimiento de esa obligación dará lugar a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 37 de la Ley de Memoria Democrática. Además, precisa que el acuerdo no pone fin a la vía administrativa y que los interesados pueden recurrir en alzada ante el secretario de Estado de Memoria Democrática en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación.
Otros vestigios incluidos
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también ha acordado la incorporación al Catálogo de nuevos vestigios que considera expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y sus conexiones con otros regímenes totalitarios.
Las resoluciones afectan, además del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, al Monumento a los Rumanos Caídos, en Majadahonda; y a las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que retirar estos vestigios es “un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura”.
Torres también informó de que el Ministerio trabaja en el estudio de más vestigios y recordó que se están ejecutando los procedimientos relativos a la Cruz de los Caídos de Cáceres y al Monumento a las Víctimas del Crucero Baleares, en Palma.
Según el Ministerio, estas actuaciones desarrollan las previsiones de la Ley de Memoria Democrática para garantizar que el espacio público sea coherente con los valores constitucionales y con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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