La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias negó ayer haber ocultado información al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en relación al proyecto de granja marina de unas 3.000 toneladas proyectado frente a las costas de Adeje.
Según la Consejería, la iniciativa “no cuenta por ahora con autorización administrativa” y para ello deberá superar todos los procedimientos ambientales y sectoriales exigidos por la normativa autonómica, estatal y europea antes de una resolución definitiva. Precisó que la resolución de febrero de 2026 “se limitó a seleccionar el proyecto ganador del concurso público”, sin que ello suponga autorización para implantar o explotar la actividad, y que el expediente se encuentra en fase de análisis de las alegaciones presentadas.
Pesca rechazó, además, haber ocultado información al Ministerio, y afirmó que la Dirección General “remitió a la Subdirección General de Biodiversidad un informe sobre la situación administrativa del expediente”.
Sobre la afección a la zona especial de conservación franja marina Teno-Rasca, afirmó que “su existencia figura tanto en la planificación acuícola como en las bases del concurso”, y que aún no se ha iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.
Es en dicha fase donde, según citan, se solicitarán los informes relativos a la Red Natura 2000 y a la Estrategia Marina de la Demarcación Canaria.
Por su parte, ATAN, el colectivo ecologista que denunció esta situación, replicó que “esa defensa no se sostiene”. Recuerdan que el propio Ministerio ha constatado que la Consejería “no se puso en contacto con ellos” pese a tratarse de un asunto de su competencia, y subrayaron que el procedimiento ha atravesado ya tres fases -concurso, adjudicación y proyecto- sin que “en ninguna de ellas interviniera el órgano ambiental responsable de la ZEC”.
ESTUDIO DE IMPACTO
El colectivo insistió, asimismo, en que “el proyecto exige un estudio de impacto ambiental que no figura en la documentación sometida a información pública”, lo que a su juicio acarrea la nulidad de pleno derecho del procedimiento. Denuncian también que parte de la documentación “no se encontraba disponible en el portal de transparencia”, sino que hubo que solicitarla expresamente.
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