La Sociedad Recreativa Piscina del Charco de la Arena (La Laguna) informó ayer de que el día 8 presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la inadmisión del recurso de casación que esta sociedad recreativa interpuso frente a la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la denegación de la prórroga de la concesión administrativa objeto de esta controversia jurídica.
Dicha sociedad sostiene que la aludida decisión de la Audiencia Nacional, fechada el 20 de febrero de 2025,supone una grave vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque está basada en el Decreto 668/2022 (Reglamento de la Ley de Costas), posterior a la fecha en que se solicitó la prórroga, que fue en 2018, y que además fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Supremo mediante sentencia firme de 31 de enero de 2024, anterior a la Sentencia de la Audiencia Nacional.
Además, subrayan que la solicitud de prórroga cuenta con informe favorable de la Demarcación Provincial de Costas de 7 de noviembre de 2019, documento que consideran esencial porque a su juicio avala conceder la prórroga, pero que no fue tenido en cuenta por la Audiencia Nacional. El haber ignorado este informe favorable de Costas junto con la aplicación de un Reglamento nulo de pleno derecho fundamentan el recurso ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el Artículo 24 de la Constitución, reclaman.
La sociedad en cuestión también alude a que las noticias publicadas en las que se anunció la demolición de las instalaciones con efectos inmediatos o el libre acceso a las mismas son infundadas, sosteniendo que no existe ninguna orden de demolición de las instalaciones y que las instalaciones permanecen para uso de sus socios.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de La Laguna se recuerda que, con su alcalde Luis Yeray Gutiérrez al frente, mantiene su firme determinación de “recuperar para el uso público de los laguneros y laguneras y punteros y punteras ese charco que se les arrebató desde 1964, y en base al acuerdo plenario alcanzado entre todas las fuerzas políticas”, además de apostillar que sus servicios jurídicos recuerdan igualmente que la sentencia es firme y que, en todo caso, la admisión de este recurso de amparo no tendría efectos suspensivos que impidan proceder con el cumplimiento de la misma.
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