Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife han inmovilizado un total de 8.554 productos alimenticios y bebidas en un establecimiento comercial del municipio de Güímar. Este golpe al garrafón en Tenerife, viene enmarcado en una operación de control fiscal y de seguridad alimentaria y se saldó con la detección de centenares de botellas de alcohol que carecían del precinto obligatorio exigido por la ley.
De acuerdo con el informe oficial de la Guardia Civil, el operativo conllevó la retirada cautelar del mercado de 8.134 bebidas —entre latas y botellas de diferentes marcas— debido a graves deficiencias en su etiquetado. Los productos incumplían la normativa sobre seguridad alimentaria al no disponer de la información obligatoria en castellano, un requisito lingüístico esencial para garantizar la protección de los consumidores y alérgicos en las Islas. Asimismo, las inspecciones fiscales confirmaron que otras 420 botellas de bebidas derivadas del alcohol carecían de las marcas fiscales preceptivas.
El establecimiento inspeccionado afronta ahora posibles sanciones económicas de cuantía variable tras la formalización del acta por parte de las fuerzas de seguridad, que ya ha sido remitida a las autoridades autonómicas y estatales competentes. Los productos intervenidos permanecerán retenidos cautelarmente a la espera de que los organismos públicos resuelvan los expedientes administrativos derivados de las infracciones.
Cuáles son las normativas que vulneraba el comercio inspeccionado
La intervención de la PAFIF en este local del sur de Tenerife fundamenta las presuntas actas de infracción en dos marcos legislativos estatales muy definidos en la actividad aduanera y sanitaria.
- Ley de Seguridad Alimentaria (Ley 17/2011): La normativa regula los requisitos informativos de cualquier producto destinado al consumo. La ausencia de traducción en el etiquetado de alérgenos o ingredientes supone una infracción de gravedad.
- Ley de Impuestos Especiales (Ley 38/1992): Las 420 botellas sin el precinto oficial entran en la categoría de fraude fiscal, al no poder acreditarse el pago de las tasas correspondientes a las bebidas espirituosas.
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