Dos de los grandes proyectos del norte de Tenerife se quedan sin empresas que los ejecuten. Se trata de la ampliación y reforma del centro de salud Tacoronte-El Sauzal y de la construcción de los aparcamientos de la plaza de la Constitución, en Puerto de la Cruz, cuyas licitaciones han quedado desiertas porque en ambos casos ninguna empresa ha presentado oferta,después de que finalizara ayer el plazo a dicho procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La primera actuación tenía un presupuesto de 6.856.996 euros, un plazo de ejecución de 26 meses, e iba a reanudar el proyecto de ampliación que quedó paralizado en la legislatura anterior. En este sentido, cabe recordar que la ampliación se inició en 2019 pero se vio afectada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia de covid-19 y luego por dificultades en la ejecución, que supuso la resolución del contrato y la redacción de un nuevo proyecto de finalización de la obra.
Esta actuación es muy esperada por la ciudadanía, dado que permitirá reformar las instalaciones que tienen más de treinta años de antigüedad y que presta servicio de Atención Primaria a 32.242 usuarios de la Zona Básica de Salud Tacoronte-El Sauzal.
En el caso del Puerto de la Cruz, el resultado del concurso se dio a conocer en el último pleno municipal, celebrado el 30 de junio. Pese a que desde el Gobierno municipal se subrayaron las bondades de esta licitación, mediante la fórmula de concesión administrativa de obra, no logró captar el interés de posibles inversores.
Este proyecto contempla un total de 333 nuevas plazas subterráneas en un entorno que presenta un notable déficit de estacionamiento debido a la alta afluencia de residentes y visitantes, y la regeneración de la plaza. La licitación ha quedado desierta pese a que el modelo de gestión buscaba priorizar las necesidades de los residentes del casco urbano y favorecer al tejido comercial de la zona, al destinar el 30% de las plazas a un régimen de cesión de uso por un periodo de 40 años, permitiendo a los vecinos del casco disponer de una en propiedad durante dicho tiempo por un importe de 15.000 euros.
Como consecuencia, el Ayuntamiento iniciará un procedimiento negociado sin publicidad de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de contratación pública. “Estamos ante una actuación de gran envergadura, con una inversión estimada de 16 millones de euros y una considerable complejidad técnica”, señala el concejal Hacienda, Contratación Pública, Concesiones, Patrimonio y Gestión del Personal, Pedro Antonio Campos.
Su explicación sobre lo ocurrido se debe a que durante la tramitación del procedimiento “se produjo un incremento generalizado de los costes, condicionado, entre otros factores, por la situación bélica en Oriente Medio, y ello ha terminado incidiendo en las condiciones económicas de un proyecto de estas características”.
Debido a ello, el Ayuntamiento abrirá un nuevo procedimiento que permitirá, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público, realizar los ajustes que resulten necesarios. En este sentido, añade que el equipo técnico valora si éstos afectarán únicamente a los precios o también a las condiciones exigidas.
Según Campos, “existe un notable interés por parte de varios inversores que desean apostar por Puerto de la Cruz y participar en el desarrollo de este proyecto estratégico”.
Sin embargo, la visión del portavoz del único grupo de la oposición (PSOE), Marco González, es exactamente la contraria. A su juicio, “se ha perdido el interés por invertir en Puerto de la Cruz después que se haya vuelto a apagar la marca y el nombre de la ciudad”.
Para González, lo ocurrido “es la crónica de un fracaso anunciado”, tal y como había advertido el PSOE a través de las alegaciones presentadas en las que argumentaba que el elevado costo de la construcción “ponía en serio riesgo la viabilidad económica para que un concesionario privado asumiera la financiación en su totalidad”.
Al respecto, puso como ejemplo proyectos similares en otros municipios, como es el caso de Santa Úrsula, que han buscado financiación de otras administraciones superiores, como es el caso del Cabildo de Tenerife o del Gobierno de Canarias para lograr inversiones públicas que equilibren financieramente el proyecto y lo hagan atractivo para el sector privado.
Más de 15 años
La construcción de este parking es uno de los proyectos más antiguos y difíciles de sacar adelante. Sus orígenes se remontan a agosto de 2011 cuando el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz para ejecutar la obra.
El anteproyecto se sometió a información pública, se realizó el estudio de viabilidad, la documentación quedó expuesta en las dependencias del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, y a comienzos de enero de 2012 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
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