Canarias mantiene todavía 30 centros educativos públicos con presencia de amianto, aproximadamente la mitad de los cerca de 60 contabilizados en 2021. La Consejería de Educación actúa o tiene previsto actuar en 12 de ellos durante 2026, mientras otros 18 centros continúan pendientes de iniciar los trámites para retirar este material, la mayoría en Tenerife.
El Gobierno de Canarias sostiene que ninguno de estos centros presenta actualmente riesgo para alumnado, docentes o trabajadores. La Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos Educativos asegura que, si se detectara una situación de peligro, la intervención tendría carácter inmediato.
La presencia de amianto se concentra especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde existe un mayor número de instalaciones educativas antiguas. Fuerteventura y Lanzarote, por el contrario, no cuentan actualmente con centros públicos afectados, según el balance facilitado por Educación.
12 colegios e institutos están en proceso de retirada del amianto
De los 30 centros que aún conservan este material, la Consejería está interviniendo en 12 colegios e institutos, contando las obras iniciadas durante 2025 y las programadas para 2026.
El consejero de Educación, Poli Suárez, explicó en el Parlamento de Canarias que entre los centros incluidos en las actuaciones se encuentran el CEIP El Río y el CEIP Granadilla, en Tenerife; los CEIP Los Canarios, Villa de Mazo y Princesa Arecida, en La Palma; y el CEIP Aragón, en Gran Canaria.
También se han incluido actuaciones en el IES La Orotava y el IES San Andrés, en Tenerife, así como en centros de Gran Canaria como Santa María de Guía, Jerónimo Saavedra y Ana Luisa Benítez.
Durante 2025 se trabajó además en centros como los IES José María Pérez Pulido, Primero de Mayo, Joaquín Artiles, Pérez Galdós, Vega de San Mateo y Feria del Atlántico.
Otros 18 centros siguen pendientes
Una vez descontadas estas actuaciones, 18 centros educativos continúan pendientes de iniciar los procedimientos necesarios para su desamiantado.
La retirada no puede realizarse como una obra convencional. Las empresas encargadas deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y elaborar un plan de trabajo específico antes de comenzar la intervención. La inscripción en este registro es obligatoria para las empresas que realizan trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Este procedimiento, unido a la necesidad de sustituir cubiertas y otros elementos constructivos retirados, incrementa tanto los plazos como el coste de las intervenciones.
Educación ha cifrado en torno a dos millones de euros anuales la inversión destinada en los últimos ejercicios al programa de retirada del amianto. Algunas actuaciones pueden alcanzar aproximadamente los 250.000 euros por centro, según explicó la Dirección General de Infraestructuras Educativas.
El problema añadido de dónde llevar el amianto
Canarias tiene además un obstáculo adicional: el tratamiento final de los residuos.
El Archipiélago envió a la Península unas 4.200 toneladas de residuos con amianto durante 2024. Andalucía era uno de sus principales destinos, pero desde la primavera de 2026 ha restringido la recepción de residuos peligrosos procedentes de otras comunidades autónomas.
Esta situación obliga a Canarias a buscar alternativas en otras regiones y ha reabierto el debate sobre la necesidad de disponer de instalaciones propias para gestionar estos materiales.
Antes de retirar amianto de un edificio debe estar determinado su destino final autorizado. Sin esa garantía, las obras no pueden ejecutarse con normalidad.
Qué dice la ley sobre el amianto
La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados obliga a los ayuntamientos a elaborar censos de instalaciones con amianto y calendarios para planificar su retirada.
La norma establece además que deben priorizarse los emplazamientos según su peligrosidad y la exposición de población vulnerable.
En concreto, fija que las instalaciones o emplazamientos públicos con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028. La ley no establece de forma literal que todo el amianto de cualquier colegio español tenga necesariamente que haber desaparecido antes de esa fecha, sino que prioriza aquellos espacios públicos de mayor riesgo.
El Gobierno canario mantiene, no obstante, el objetivo de avanzar hacia la eliminación del amianto de los centros educativos. En diciembre de 2025, el consejero Poli Suárez defendió en el Parlamento el proyecto Amianto Cero y señaló el propósito de erradicar este material de las instalaciones educativas.
Con 30 centros todavía afectados y 18 sin haber iniciado los trámites de retirada, Tenerife continuará concentrando buena parte de las próximas intervenciones.
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