La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y hasta 13 años de inhabilitación para la alcaldesa y exalcaldes de Candelaria y Arafo, Mari Brito, José Gumersindo García Trujillo y José Juan Lemes, así como para la actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta, acusados de un presunto delito medioambiental por los vertidos de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar.
Según el escrito, toda vez se cedió y trasmitió formalmente a los tres ayuntamientos implicados los bienes comprendidos en la infraestructura, los ahora acusados no habrían cumplido con su obligación de crear la entidad urbanística de Conservación (EUC) para su gestión y mantenimiento.
El Polígono Industrial, abarca una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados delimitado por el Sur por el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial, donde desarrollan su actividad industrial entre 200 a 220 empresas entre las que se encuentran empresas que requieren una autorización ambiental específica dada la especial naturaleza de los residuos que generan.
Los acusados, “de forma consciente y voluntaria”, no habrían destinado partidas presupuestarias a sufragar los gastos de mantenimiento ni sostenimiento de las infraestructuras de evacuación de aguas residuales del Polígono.
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