El número de viajeros procedentes de Italia identificados en los controles fronterizos activados por el Gobierno en los aeropuertos españoles asciende ya a 7.696 personas. La medida, que entró en vigor el pasado 8 de agosto en respuesta a la suspensión del espacio Schengen por parte del Ejecutivo trasalpino tras una crisis migratoria en Ceuta, ha implicado la revisión de 696 vuelos y el despliegue de 1.144 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, facilitados hasta el mediodía de este sábado, las actuaciones policiales se concentran en inspeccionar a pasajeros de terceros países que aterrizan en España en enlaces directos desde territorio italiano. El dispositivo temporal se mantendrá activo en los aeropuertos y puertos con conexiones directas hasta el próximo 7 de septiembre.
El impacto de las inspecciones en Canarias y Baleares
El despliegue policial ha tenido un reflejo desigual en los aeródromos insulares. En las Islas Canarias, los agentes identificaron a 22 viajeros de cuatro vuelos en el aeropuerto de Tenerife Sur, a dos personas en Gran Canaria y a una en Lanzarote. Por el contrario, en los recintos del pasaje de las Islas Baleares, el aeropuerto de Mallorca registró cuatro identificaciones y el de Ibiza otras cuatro, mientras que en Menorca no se detectó ningún viajero de terceros países en los seis vuelos inspeccionados.
En la red de Aena en la Península, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la actividad reciente con 185 pasajeros nacionales de terceros países controlados por 12 funcionarios. Les siguen El Prat en Barcelona, con 72 identificaciones en cuatro vuelos; Sevilla, con 10 personas en dos operaciones; Valencia, con seis pasajeros; y Málaga, con cinco viajeros inspeccionados.
El origen del conflicto con Italia
El restablecimiento de los controles en España es una respuesta directa a la decisión previa del Gobierno de Giorgia Meloni, que suspendió de manera unilateral la libre circulación Schengen para los vuelos y barcos procedentes de España tras un repunte migratorio en la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras que el dispositivo español tiene fecha límite prefijada para septiembre, el Ejecutivo italiano mantiene que no levantará las restricciones en sus fronteras hasta que considere que han desaparecido los riesgos para la seguridad de su país.
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