El Ayuntamiento de Santa Cruz dio ayer un paso más para dificultar el acceso al mortífero mamotreto de Añaza, una construcción abandonada que se ha cobrado la vida de seis personas en los últimos años. “Hemos procedido a la eliminación de las escaleras de la planta sexta. A partir de este momento, el paso a las plantas superiores se verá absolutamente dificultado”, afirmó ayer la concejala de Urbanismo, Zaida González, a DIARIO DE AVISOS. Esta actuación se suma a los trabajos realizados anteriormente para retirar las primeras escaleras interiores, desde la planta cero, en el marco de unas obras de urgencia que, según señaló la edil, podrían finalizar en una o dos semanas.
Durante los próximos días, además, “continuarán los trabajos para impedir la entrada a la planta sexta a través del acopio de terreno existente”, explicó González. La intervención contempla eliminar esa tierra y dejar una zanja que impida el acceso por ese punto. Todo ello tiene como objetivo -a la espera del derribo definitivo del edificio- “poner más difícil” el acceso a un enclave que ha vuelto a estar en el centro del debate estos últimos días después de una nueva incursión registrada el pasado 18 de agosto.
Nueva incursión en el edificio
Tal y como denunció la familia de Matías, el joven de 27 años que perdió la vida en el inmueble el pasado 18 de julio, una persona logró acceder al hotel abandonado y subir hasta la última planta, donde localizó una mochila con documentación del joven fallecido. La familia cuestionó entonces la eficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha y reclamó que se revisen sobre el terreno todos los posibles puntos de paso, incluidos los situados en las proximidades de la costa. “No basta con dificultar la entrada. Hay que impedirla”, aseveró la madre de Matías.
El Consistorio sostiene que las actuaciones ahora en marcha tienen precisamente ese carácter preventivo mientras se completa el procedimiento administrativo que permitirá ejecutar el derribo. El plan de seguridad, adjudicado por la vía de urgencia y con una inversión de unos 112.500 euros, incluye la reparación del vallado perimetral, la eliminación de varios accesos, la retirada del terraplén que permite alcanzar la sexta planta, la demolición de las escaleras entre las plantas cero y cuarta y el cierre con mallas electrosoldadas de los huecos más vulnerables de la fachada. En total, se prevé sellar unos 930 metros cuadrados de vanos.
Estas medidas se adoptan ante la extrema peligrosidad de una estructura que permanece abierta y que, pese a los vallados y la señalización instalados en el entorno, ha sido objeto de continuas incursiones. La intervención municipal busca, por tanto, actuar de forma subsidiaria y reforzar las medidas de seguridad para reducir el riesgo y dificultar la entrada al inmueble hasta que pueda materializarse la solución definitiva: la demolición del edificio.
Derribo
El principal obstáculo para llegar a ese punto no es económico. Según señaló el propio alcalde el pasado mes de julio, el Ayuntamiento dispone de financiación de unos tres millones de euros para afrontar el derribo. El problema se encuentra en la compleja situación jurídica de la propiedad: el inmueble cuenta con alrededor de 430 propietarios de distintos países, principalmente extranjeros, que suman unas 900 participaciones. Esta dispersión ha dificultado durante años la localización y notificación de todos los titulares.
La Gerencia de Urbanismo inició en febrero el expediente de expropiación forzosa, con declaración de urgencia, para hacerse con la propiedad del inmueble. El procedimiento responde al incumplimiento de la función social de una construcción inacabada y sin título habilitante. La declaración de urgencia permite agilizar los trámites necesarios para ocupar el inmueble y registrarlo a nombre del Ayuntamiento, paso previo a su demolición definitiva.
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