La reactivación de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) en Santa Cruz de Tenerife podrá seguir adelante tras retirarse la demanda judicial interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de su representación en la Policía Local capitalina, contra el procedimiento de acceso al cuerpo de élite policial.
La decisión se formaliza tras alcanzarse un acuerdo entre el sindicato y el área de Seguridad del Consistorio, que se ha comprometido “de forma explícita” a respetar y aplicar las bases de acceso a la Unipol, negociadas en 2023.
El delegado del CSIF, Jesús Illada, explicó ayer que “la demanda se presentó al considerar que el procedimiento aplicado para la selección de los integrantes de la Unidad se apartaba de los criterios previamente negociados, generando dudas sobre el respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia y seguridad jurídica”.
Estas objeciones fueron recogidas en la información publicada por DIARIO DE AVISOS el pasado 17 de julio. A juicio del sindicato, la desviación sobre el texto acordado sembraba “serias dudas” sobre la salvaguarda de principios constitucionales básicos del personal aspirante, pero, alcanzado un entendimiento, el CSIF anunció que retirará la demanda en los términos acordados, una vez que se den las condiciones necesarias para formalizarla.
“Esta decisión no supone renunciar a la defensa de los derechos de los trabajadores ni a la exigencia de procedimientos ajustados a la legalidad. Por el contrario, responde a la voluntad de alcanzar una solución que permita corregir las discrepancias detectadas y evitar que el conflicto judicial se prolongue innecesariamente”, subrayó Illada.
El sindicato añadió que “la negociación colectiva debe tener consecuencias reales y que los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores no pueden quedar reducidos a meras declaraciones de intenciones. Cuando se negocian unas bases de acceso a destinos específicos, su cumplimiento constituye una garantía”.
Illada matizó que “el objetivo de esta acción no se basó en judicializar la actividad municipal, sino en garantizar que los acuerdos se cumplan, que los procedimientos sean transparentes y que todos los policías dispongan de las mismas garantías para acceder a los destinos”.
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