Un nuevo recurso contencioso-administrativo vuelve a salpicar la puesta en marcha de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tras el impulsado por el sindicato Asipal, relativo a la falta de negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para la supresión de 48 plazas que conforman esta unidad especializada, se suma ahora el presentado por el CSIF, que el pasado martes ha interpuesto una demanda judicial contra la orden de servicio por la que se regula el proceso de selección del personal destinado al grupo.
El CSIF señaló que la citada orden presenta “deficiencias jurídicas que justifican su impugnación”, aunque aclaró que la mera interposición de la demanda no resulta, por sí sola, suficiente para paralizar la puesta en funcionamiento del grupo mientras no exista una medida cautelar o una resolución judicial en ese sentido.
La central sindical aseguró que la creación de la Unipol “resulta contraproducente en la situación actual de la plantilla, al detraer al menos treinta agentes, además de los correspondientes mandos, de las funciones ordinarias de seguridad ciudadana, afectando a la capacidad operativa del servicio”.
Asimismo, subrayó que “siguen sin conocerse con claridad las condiciones laborales específicas bajo las que prestarán servicio los integrantes de la Unipol”, por lo que, de estimarse la demanda, la sentencia podría tener como consecuencia la desaparición del grupo en su configuración actual.
“De producirse ese escenario, sería, según el sindicato, la octava actuación declarada ilegal relacionada con la Unipol desde el año 2015, pues las bases de selección de los agentes negociadas en 2023 no han sido respetadas en el procedimiento ahora impugnado”.
El sindicato alegó que el proceso se ha apartado de los criterios acordados en la negociación, lo que, a su juicio, “vulnera los principios de transparencia, igualdad, mérito y seguridad jurídica”.
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