El Gobierno de Puerto de la Cruz (PP-ACP-CC) anunció que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial abierto contra el exalcalde Marco González (PSOE), relacionado con la gestión de las zonas de baño de Playa Jardín durante su mandato (2019-2023- 2023-2024).
La decisión se adopta un año después de iniciarse la investigación tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, debido a los altos índices de bacterias fecales detectados en el agua que derivaron en el cierre de la playa durante diez meses.
El objetivo del Gobierno es contribuir al esclarecimiento de los hechos, aportar la documentación disponible y defender los intereses públicos. Así lo anunciaron el alcalde, Leopoldo Afonso, y el portavoz del Gobierno, Pedro Antonio Campos, durante el pleno extraordinario solicitado por los socialistas para aclarar el episodio de contaminación registrado el día 22 de junio en esta zona de baño que no conllevó ninguna medida ni se informó a la población debido, según las explicaciones del grupo de gobierno, a que no tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento ninguna comunicación administrativa oficial de la Dirección General de Salud Pública ordenando o recomendando el cierre.
“El Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses del municipio y de colaborar para que se conozca con claridad qué ocurrió durante los años anteriores. Nuestra personación responde exclusivamente al interés público: queremos aportar información, esclarecer los hechos y actuar con absoluta transparencia”, sostuvo el mandatario.
El Ayuntamiento también recibió este viernes los resultados de nuevas analíticas encargadas a un segundo laboratorio independiente, que avalan las pruebas realizadas anteriormente por otra empresa y certifican nuevamente que el agua analizada en Playa Jardín es apta y segura para el baño.
La incorporación de este segundo laboratorio independiente tenía como objetivo disponer de un nuevo contraste técnico ante la diferencia existente entre los análisis encargados por el Ayuntamiento y el resultado comunicado por Salud Pública del Gobierno de Canarias, el organismo competente de la vigilancia sanitaria en las zonas de baño.
Los resultados obtenidos por las dos empresas independientes coinciden entre sí y difieren de la información trasladada por Salud Pública. Esta documentación será remitida a las autoridades sanitarias para que pueda ser valorada e incorporada al análisis de la situación.
El Ejecutivo municipal quiere dejar expresamente claro que “no pretende entablar ninguna guerra ni mantener un enfrentamiento con Salud Pública”, sino poner de manifiesto la discrepancia entre el resultado comunicado por este departamento y los resultados coincidentes aportados por dos laboratorios independientes, “pero siempre respetando y acatando cualquier tipo de instrucción por parte de la autoridad sanitaria autonómica”. “Salud Pública no es un adversario, sino una institución con la que debemos trabajar y coordinarnos”, reiteró el alcalde.
Por su parte, los socialistas sostuvieron que la denuncia pública realizada por el PSOE sobre el episodio de contaminación del 22 de junio permitió poner de manifiesto que “solo con transparencia se recupera la confianza ciudadana”. Frente a ello, denunciaron que el actual gobierno “ha pretendido ocultar alertas sanitarias con mentiras anteponiendo sus intereses a la salud pública”, subrayó Marco González, quien advirtió que su partido “seguirá pidiendo esa información ya sea del Gobierno municipal o de Salud Pública, y cuando la tengamos exigiremos en su caso responsabilidades políticas” por una gestión que ha sido “negligente y opaca”.
Además, el portavoz socialista reclamó a PP-ACP-CC que “abandone de una vez las realidades paralelas y asuma la gravedad del problema de contaminación que sigue afectando a Punta Brava y playa Jardín. Es urgente que deje sus cálculos políticos y exija al Cabildo que ejecute tanto la sustitución del emisario roto como la mejora de la depuradora”, subrayó por último Marco González.
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