El Colegio de Trabajo Social reconoció el avance de Canarias en el Índice DEC 2025, con la cuarta posición entre las comunidades y alcanzando la máxima puntuación en los indicadores que miden el esfuerzo económico en Servicios Sociales.
Sin embargo, “el fuerte incremento del gasto no se está traduciendo en la misma proporción en prestaciones y servicios”.
Por ello pide “no confundir” la mejora de la posición y de los indicadores económicos con una equivalente del Sistema Público de Servicios Sociales cuando identifica debilidades estructurales y déficits de cobertura, y “prudencia” antes de identificar el incremento del gasto con una transformación ya consolidada.
Canarias cuenta en las estructuras básicas de Servicios Sociales con un profesional por cada 2.261 habitantes, frente a uno por cada 1.363 habitantes de media estatal, un 66% más de población. También permanecen por debajo de la media estatal indicadores relacionados con plazas residenciales para personas mayores y recursos residenciales y de atención diurna para personas con discapacidad.
El Índice DEC utiliza una expresión “difícil de pasar por alto” al analizar la evolución de Canarias: “derechos de papel”. Con ella, describe la distancia que todavía existe entre los avances en el reconocimiento y ordenación de derechos y su traducción efectiva en prestaciones y servicios para la ciudadanía.
Para la presidenta, Maitane Cabrera, “hay que contar también las carencias. Ese cuarto puesto no puede utilizarse como un diagnóstico completo del estado de los Servicios Sociales”.
El diagnóstico y análisis multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias elaborado por la ULL muestra un sistema sometido a una fuerte presión y con carencias estructurales, identificando la “sobrecarga laboral crónica, la falta de recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos, la ausencia de Historia Social Única, la falta de herramientas de planificación estratégica y sistemas de información ineficaces y obsoletos”.
Recomienda aumentar la inversión estructural, reforzar la atención y la intervención comunitaria, mejorar coordinación de otros sistemas de protección social, avanzar en las herramientas de planificación estratégica, modernizar la organización y la gestión y ampliar plantillas.
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