Derecho al Techo ha reclamado este jueves la paralización del desahucio de una familia de Las Palmas de Gran Canaria, con un menor y dos personas mayores con un grado de discapacidad reconocido del 100%, cuyo lanzamiento está señalado para el próximo lunes 14 de septiembre, a las 10.00 horas.
La plataforma sostiene que la unidad familiar se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y pide a las administraciones que articulen una alternativa habitacional antes de que pueda ejecutarse el lanzamiento.
Según su comunicado, el procedimiento afecta a una vivienda cuyo lanzamiento está promovido por Trova Capital, S.L.
Derecho al Techo asegura que en el domicilio reside un menor y que la familia se ocupa además del cuidado de dos personas mayores en situación de dependencia, ambas con un grado de discapacidad reconocido del 100%.
“Consideramos imprescindible que, antes de ejecutar cualquier lanzamiento, se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar”, sostiene la organización.
Piden una alternativa antes del desahucio
La plataforma reclama una actuación urgente de las administraciones competentes para evitar que la familia pueda quedarse sin vivienda.
En concreto, solicita que se valore su situación y se busque una solución que permita mantener también los cuidados que reciben las dos personas mayores.
Según Derecho al Techo, el riesgo de pérdida de la vivienda afecta en este caso tanto al menor como a las personas dependientes que conviven en ella.
La organización defiende que cualquier actuación debe tener en cuenta esas circunstancias antes de que se produzca el lanzamiento y reclama que “ningún lanzamiento se ejecute sin que exista una alternativa habitacional adecuada para las personas en situación de vulnerabilidad”.
Normativa sobre desahucios vulnerables
El caso se produce mientras continúa vigente en España un mecanismo extraordinario que permite solicitar la suspensión de determinados desahucios y lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026 cuando existen situaciones de vulnerabilidad económica y no hay alternativa habitacional.
La medida no supone una paralización automática de cualquier desahucio. Su aplicación depende, entre otros factores, del tipo de procedimiento, de las circunstancias de la familia, de la titularidad de la vivienda y de la valoración judicial.
En los procedimientos de alquiler contemplados por la norma, la persona arrendataria puede solicitar ante el juzgado una suspensión extraordinaria si acredita una vulnerabilidad económica que le impide encontrar otra vivienda. Los servicios sociales deben elaborar un informe y corresponde finalmente al juez decidir sobre la suspensión.
La normativa también contempla determinados supuestos en los que una persona reside sin título habilitante, aunque establece requisitos específicos. Entre ellos figura que la vivienda pertenezca a una persona jurídica o a una persona física titular de más de 10 viviendas y que exista vulnerabilidad económica.
El comunicado de Derecho al Techo no detalla la naturaleza jurídica del procedimiento. La plataforma ha pedido que las instituciones intervengan antes del lunes para encontrar una solución y asegura que continuará acompañando a la familia.
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