El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar como investigado a Fernando Javier Camino, director general de Quirón Prevención, por su presunta implicación en una operación empresarial relacionada con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y las comisiones obtenidas por la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
El directivo deberá comparecer ante el juez el próximo 3 de diciembre, en una investigación por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. La decisión judicial, adelantada por elDiario.es, supone un nuevo paso en las pesquisas sobre las relaciones comerciales entre González Amador y el responsable del grupo sanitario.
Una comisión de casi dos millones de euros por la venta de mascarillas
La investigación tiene su origen en una operación de compraventa de material sanitario realizada en 2020, durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Según publicó elDiario.es, González Amador obtuvo una comisión de 1.973.000 euros por intervenir en una operación de venta de mascarillas entre una empresa catalana y otra gallega.
La sociedad compradora, Mape, adquirió material sanitario por unos 42 millones de euros. Fernando Camino formaba parte entonces de su consejo de administración, una circunstancia que ha llevado a los investigadores a examinar su posible participación en los hechos.
Las sospechas se centran en determinar si el directivo favoreció aquella operación y recibió posteriormente una compensación económica a través de otra transacción empresarial.
La compra de una empresa por medio millón de euros, bajo sospecha
Uno de los elementos principales de la causa es la adquisición de una sociedad vinculada a Gloria Carrasco, esposa de Fernando Camino.
González Amador pagó aproximadamente 500.000 euros por Círculo de Belleza, una empresa que, según la información publicada por elDiario.es, carecía de empleados y tenía una facturación anual de alrededor de 30.000 euros.
La Fiscalía sospecha que el importe de aquella compraventa pudo servir para encubrir el reparto de las comisiones obtenidas con las mascarillas.
Los investigadores consideran relevante la diferencia entre el precio abonado y la actividad económica que desarrollaba la sociedad antes de su adquisición.
Por su parte, González Amador defendió ante la Justicia que la compra respondía a un proyecto empresarial de consultoría, con posibilidades de expansión internacional.
La investigación deberá determinar si existió una contraprestación ilícita o si la operación respondió a una actividad mercantil legítima.
La Guardia Civil investiga las relaciones económicas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil participa en las diligencias destinadas a esclarecer los movimientos económicos entre los investigados.
La anterior instructora del procedimiento, Inmaculada Iglesias, encargó a esta unidad especializada el análisis de las operaciones ante la complejidad de los hechos.
Posteriormente, el magistrado Antonio Viejo asumió la investigación y autorizó determinadas actuaciones para examinar información bancaria relacionada con González Amador y Gloria Carrasco.
El objetivo es reconstruir los movimientos de dinero y determinar si existen indicios suficientes de los delitos investigados.
La citación de Fernando Camino incorpora directamente al procedimiento al responsable empresarial cuya posible intervención en la operación de mascarillas venía siendo examinada por los investigadores.
Dos investigaciones judiciales sobre la pareja de Ayuso
Esta causa constituye una pieza separada del procedimiento judicial abierto contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales y falsedad documental.
Mientras esa primera investigación ha avanzado hacia la fase de enjuiciamiento, las diligencias sobre las comisiones de las mascarillas y la posible corrupción empresarial continúan abiertas.
La investigación también ha examinado las relaciones comerciales de González Amador con el grupo Quirón. Según publicó elDiario.es, las sociedades del empresario incrementaron notablemente su facturación al grupo sanitario en los años posteriores a la operación de mascarillas.
La citación del directivo no supone una declaración de culpabilidad. Su comparecencia como investigado le permitirá conocer los hechos que se le atribuyen y ejercer su derecho de defensa.
El siguiente paso relevante será su declaración judicial, prevista para el 3 de diciembre, mientras continúa el análisis de la documentación económica incorporada al procedimiento
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