Ramón Afonso: “La Ley del Suelo es el cordón umbilical que une a CC con los grandes empresarios”

Afonso anuncia que denunciarán esta iniciativa legislativa ante la Comisión y el Parlamento europeos (como ya han hecho con la llamada Ley de las Islas Verdes), así como en vía judicial
Ramón Afonso. | SERGIO MÉNDEZ
Ramón Afonso. | SERGIO MÉNDEZ

El proyecto de Ley del Suelo que promueve el Gobierno canario ha suscitado apoyos y rechazos en la sociedad. Ramón Afonso es portavoz de la plataforma ciudadana contra esta reforma legislativa, un movimiento social que ha convocado para hoy, a las 11.00 horas, una manifestación de protesta con punto de partida en la plaza de Weyler de Santa Cruz de Tenerife. Afonso anuncia que denunciarán esta iniciativa legislativa ante la Comisión y el Parlamento europeos (como ya han hecho con la llamada Ley de las Islas Verdes), así como en vía judicial. Sobre la Cotmac, la plataforma acusa a CC de haberla vaciado de contenido y de medios para luego culparla de todos los males del planeamiento.

-Se opone usted a una futura ley que, según el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, reactivará la economía, desbloqueará inversiones y creará empleo…

“Ese argumento es un ardid. Con el puerto de Granadilla también lo usaron: dijeron que iba a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo. A la vista está que eso no ha sido cierto. Y también Ricardo Melchior, para justificar el anillo insular, hablaba del paraíso del pleno empleo. Ya desde que era alcalde Fernando Clavijo, cuando la Cotmac cercenó su nefasto Plan General de La Laguna, tenía claro que había que eliminarla. Afirma Clavijo que con esta ley se recaudará más dinero con impuestos cuando han perdonado 30.000 millones del Impuesto de Sociedades con la RIC”.

-El proyecto de ley expone que el control de legalidad del urbanismo lo deben hacer los tribunales de Justicia, y no una Cotmac… ¿Qué le parece ese argumento?

“Pero los jueces controlarán lo que se denuncie. Y ahí hay una asimetría de esa confrontación: mientras las instituciones públicas se podrán defender con todo el aparato jurídico público pagado con dinero del pueblo, las personas damnificadas o que observen ilegalidades tendrán que pagarlo de su bolsillo”.

-Usted forma parte de colectivos ciudadanos que ha presentado denuncias en los tribunales sobre esta materia. ¿Es fácil hacerlo?

“Es muy díficil. Primero hay que buscar dinero suficiente para pagar a un abogado, y las costas judiciales”.

-La Cotmac era la que hasta ahora ha corregido y aprobado de forma definitiva el planeamiento de cabildos y ayuntamientos. ¿Qué pasará si este órgano se suprime?

“El problema de la Cotmac es de un fallo de dirección política. Y quien la ha dirigido durante más de dos décadas es el mismo que se la quiere cargar, CC. Hemos tenido un amplio consenso social desde el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos de 2000 y la Ley de Directrices”.

-Entonces, para ustedes, la Cotmac no es la culpable del retraso en el planeamiento…

“En absoluto. Los culpables son quienes han vaciado de contenido y de financiación a este órgano. No han hecho reposición funcionarial, y son trabajadores muy especializados, y cuadros que cuesta mucho formar. Ha habido un descafeinamiento intencionado de la Cotmac para culpabilizarla de los errores. El 40% de los ayuntamientos han tenido imputados por casos de corrupción urbanística en estos años”.

-Aunque aún no está en el proyecto de ley, el PSOE ha arrancado a CC el compromiso de que se mantenga un órgano autonómico para la evaluación ambiental estratégica…

“Está por ver cómo se concreta ese acuerdo en el articulado de la ley, porque existe el lampedusianismo de cambiar algo para que todo siga igual. Y además es un cambio con respecto al proyecto de ley, que deja fuera a los cabildos, solo para los planes generales, que es donde está la madre del cordero. Pero la Cotmac es una de las líneas rojas”.

-La ley del territorio actual permiten ya suspender el planeamiento para aprobar proyectos singulares. Pero la futura Ley del Suelo crea nuevos procedimientos excepcionales para ello.

“Sí. Se permitirán unas ordenanzas provisionales de ordenación con las que se podría suspender el planeamiento a iniciativa privada, y eso lleva aparejado reconocer capacidad expropiatoria para una empresa privada”.

-Otro aspecto controvertido de la ley son los nuevos usos complementarios al agrícola y ganadero en suelo rústico. ¿Qué opina la plataforma al respecto?

“La mercadotecnia con la que han vendido la Ley del Suelo pasa por decirle a un agricultor y un ganadero que ya podrán hacer un muro. Pero este no el verdadero problema de esta reforma: la madre del cordero está en que cualquier proyecto que se declare de interés general podrá instalarse en cualquier tipo de suelo”.

¿Y no debería ser de interés general una pequeña empresa o un autónomo, no solo grandes inversiones?

“Eso habría que preguntárselo al Gobierno canario. De todos modos, sobran 50 millones de metros urbanizables para eso. La renta complementaria a un agricultor estaría bien siempre que se dijera cómo se va a regular. Esta Ley del Suelo no es para el pequeño propietario, es una ley de casino, está hecha para la gran propiedad”.

-Clavijo insiste en que hay grandes inversiones bloqueadas por la maraña legislativa actual…

“Seguramente parte de esos 30.000 millones de pago de impuestos que se les ha perdonado a grandes empresarios. Esa maraña normativa se creó después de aquel consenso de las Directrices, que era un golpe muy duro para el empresariado depredador. Y esta nueva ley lo que pretende es desregular al máximo”.

-Presume el Gobierno de que este es un proyecto de ley nacido de un proceso muy participativo…

“Eso está muy bien para quien se lo quiera creer. Todos los grupos ambientalistas, la comunidad científica, el Colegio de Arquitectos… han criticado el proyecto. El Gobierno se ha reunido mucho con Fepeco, CEOE, con algún colegio profesional siempre de su lado… Lo que ellos llaman participación ciudadana no es más que la participación de su gente”.

-¿Es una ley de CC o también del PSOE?

“Es una ley de la CEOE y de los grandes empresarios”.

-Pero quien la abanderado políticamente es Clavijo, CC.

“Sí. Es el proyecto estrella del presidente del Gobierno canario para seguir vendiéndose como el mejor gestor de los intereses de los dueños de la finca”.

-¿Qué les parece que el PSOE apruebe el proyecto de ley en el Gobierno canario y luego le exija a su socio cambios?

“No nos sorprende. Nosotros nos reunimos con el grupo parlamentario del PSOE y sabíamos cómo estaba esa situación. Y le pedíamos que presentara una enmienda a la totalidad, pero nos contestaron que eso era imposible, porque sería una contradicción, ya que forman parte del Gobierno con CC. Tienen diferencias entre los diputados del PSOE, y en el partido hay varias corrientes. Pero el PSOE sabe que una postura radical contra esta ley es atacar el cordón umbilical que une a CC con el poder económico”.

-¿Qué le parece que se vaya a derogar la ley de desarrollo sostenible canaria, las Directrices?

“El Consejo Consultivo de Canarias advirtió al Gobierno canario de que podría crearse un vacío normativo e inseguridad jurídica. Y no lo decimos nosotros, que nos llaman los del no a todo, y en realidad somos los del sí: sí al futuro de nuestra tierra, a la protección de nuestro territorio y que el agricultor realmente tenga una ley que le proteja, pero no esta”.

-Entonces no creen ustedes que esta ley suponga un revulsivo para el sector primario…

“Lo que provocará es un encarecimiento del suelo rústico, porque será una mera mercancía”.

-¿Qué opina de la campaña publicitaria del Gobierno canario sobre este proyecto de ley?

“No sé si es legal, pero sí que es inmoral. Es la primera vez que se hace publicidad de una ley que aún no existe. Y con dinero público que transfieren a medios afines. Una falta de respeto a todos”.

-¿Cuál es la hoja de ruta de la plataforma desde ahora?

“Hemos presentado las primeras 500 firmas en Madrid contra la avanzadilla de la Ley del Suelo, la Ley de las Islas Verdes, y de aquí a final de año presentaremos otras 3.000, en la oficina de la UE. Y una eurodiputada de IUC ha hecho una pregunta en el Parlamento Europeo. Y la UE ya está vigilando al Gobierno de Canarias en cuanto a los instrumentos de ordenación singulares que prevé la ley, para garantizar que no vulneran directivas europeas de evaluación ambiental. También acudiremos al Supremo, porque la Ley de Islas Verdes autoriza proyectos que este Tribunal anuló. Y otra vía jurídica es denunciarlo ante el Tribunal Europeo”.

-¿Tienen previstas nuevas protestas en la calle?

“Ya las hemos convocado. Habrá una este sábado [hoy], a las 11.00 horas, en la plaza de Weyler, en Santa Cruz de Tenerife. Es importante destacar que somos una plataforma apartidista”.

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