El anteproyecto de la Ley del Suelo presentado por el Gobierno de Canarias permite autorizar proyectos públicos o privados “de interés insular o autonómico”, en cualquier tipo de suelo (salvo en el rústico de protección ambiental o “excepcionalmente” agrario) incluso si no encajan en los planes de ordenación insulares o generales, sobre los que prevalecerán.
De este modo, cuando el Ejecutivo canario o un cabildo tome una iniciativa de este tipo, podrá imponerla a los ayuntamientos afectados, sin que la oposición de estos tenga efecto alguno. Tal es así que la publicación oficial del proyecto implicará la atribución a un terreno del aprovechamiento urbanístico resultante, y la obligación del cabildo o el ayuntamiento a integrar esas determinaciones en su planeamiento. Su publicación también bastará además para legitimar los usos y actividades previstas, así como las obras e instalaciones precisas.
Estos proyectos se considerarán instrumentos de ordenación territorial para equipamientos públicos o actividades industriales, energéticas, turísticas, culturales, deportivas y sanitarias, entre otras. Deberán pasar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica y saldrán a información pública.
Esta previsión de la futura ley deparó polémica el martes en el pleno del Parlamento canario, ya que la diputada de Podemos Asunción Delgado denunció que esos artículos serán “un agujero negro que acabarán como coladero de los proyectos más inverosímiles y en contra del planeamiento vigente”.
La consejera de Política Territorial y Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, discrepó con el argumento de que para aprobar estos proyectos habrá que hacer antes una evaluación ambiental estratégica.
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