De las cuatro mociones institucionales que hoy se presentan en el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, la última de ellas aborda el fortalecimiento de las políticas de empleo a través de la optimización de los servicios públicos. Para ello, la moción propone como acuerdo a adoptar de forma unánime, que se actualice el “marco jurídico, económico y financiero entre la Corporación Municipal y la Sociedad de Desarrollo, S.A.U.”, como entidad esta última responsable de las políticas de empleo. Para llevar a cabo este cambio fundamental se ha de elaborar “un plan estratégico de actuación que debería basarse en un sistema normativo de gestión como lo son las Normas ISO”. Además se acuerda que las medidas concretas que resulten de este acuerdo deben entrar en vigor “como muy tarde el uno de enero de 2017”.
Esta moción llega al pleno justo cuando ya se ha anunciado el despido de ocho trabajadores de la entidad pública y el cambio de las condiciones de trabajo de los que queden. Un conflicto laboral abierto y que hasta el momento ha sido defendido por la Sociedad de Desarrollo como un paso necesario para reconducir la situación de la entidad. Este nuevo camino es el que, parece, se inicia hoy en el Pleno municipal.
El acuerdo recogido en la moción señala que se debe actualizar “el objeto social de actuación y los instrumentos de financiación, que permita optimizar los recursos públicos, maximizando la calidad de los servicios para adaptarlos a las necesidades y oportunidades del actual marco económico e institucional basado en la excelencia con la garantía de estabilidad, rigor, trazabilidad y transparencia a través del establecimiento de un proceso de reflexión estratégica de los objetivos municipales en materia de empleo y desarrollo local, redefiniendo el marco jurídico, administrativo, económico y financiero de la Sociedad de Desarrollo para facilitar el cumplimiento de los objetivos marcados por el propio Ayuntamiento”.
Negociaciones rotas
Las negociaciones entre la dirección de la Sociedad de Desarrollo y el comité de empresa se daban por rotas por el propio consejero delebado, Alfonso Cabello, después de que la asamblea de trabajadores rechazara el acuerdo, que según Cabello, se había alcanzado con el comité de empresa. El consejero delegado se dirigía en una carta a la plantilla en la que exponía que “la situación de desacuerdo en la que nos encontramos hará que el Consejero Delegado, previa dación de cuentas al Consejo de Administración, lleve a cabo las siguientes acciones: Extinción de contratos de trabajo por causa objetiva pudiendo llegar hasta el máximo del número que refleja el informe de PwC (8) y la ejecución de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter individual y/o colectivo”.
Para Cabello, el escenario al que se ha llegado es una fracaso de la negociación colectiva, “minorando la posibilidad de alcanzar acuerdos que hubieran revertido en una mejor estructura, una mejora salarial para más del 70% de la plantilla, y una mejor redistribución salarial, más ecuánime y coherente con el destino que debe conducirnos: el servicio a la ciudadanía”, concluye la carta.
Del otro lado, el comité de empresa señalaba que el 30% restante salía perdiendo “y mucho” aún con los ocho despidos y que además se suprimirían todos los pluses. Finaliza señalando que de llevarse a cabo los despidos o modificaciones sustanciales de los contratos, “nos veremos en los tribunales con el informe de PxC como base”.
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