Si la capacidad de gestión del Gobierno de Canarias se vinculara al peso de las carteras de sus componentes, el más musculoso sería el consejero del sector primario (Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas), Narvay Quintero. Por delante del presidente, Fernando Clavijo, destacan cuatro miembros del Ejecutivo regional: además del herreño, Soledad Monzón (Educación y Universidades), Pedro Ortega (Economía, Industria, Energía y Conocimiento) y Patricia Hernández (vicepresidenta y consejera de Empleo, Vivienda y Asuntos Sociales).
Camuflado en las “incompatibilidades de los altos cargos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma”, y en aplicación de la ley de transparencia, el boletín oficial (BOC) publicó el lunes la declaración de bienes y derechos patrimoniales. La relación incluye el pasivo (créditos, préstamos o deudas) y el importe proveniente de herencia, legado o donación. En ninguna de las 161 páginas del referido documento se nombra a la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Teresa Lorenzo Rodríguez.
Quintero reconoce un activo total de 275.878 euros. De esa cantidad, 70.467 corresponden a bienes inmuebles (según el valor catastral); 180.200, a depósitos en cuenta corriente o de ahorro a la vista o a plazo; 25.211, a “joyas y pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves, dentro de los 205.411 en concepto de “otros bienes y derechos”. El patrimonio de Monzón es de 273.258 euros: 272.000, en inmuebles; 1.256, en cuentas bancarias, y 1.256, en otros bienes. El de Ortega asciende a 264.124 euros: 101.336, en inmuebles; 1.510, en el banco; 61.124, en “valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios”; 55.154, en seguros de vida, y 45.000, en artículos de carácter suntuario.
Hernández acumula un patrimonio de 228.066,81 euros: 199.082,23 de ellos, en bienes inmuebles; 4.431 en cuentas bancarias; 21.049,58, en rentas temporales o vitalicias; 3.504, en artículos suntuarios, y 28.984,58,en otros bienes. En un nivel no excesivamente inferior, Clavijo confiesa un patrimonio de 223.290 euros: 123.490, en inmuebles; 24.800, en depósitos bancarios; 60.000, en seguros de vida; 15.000, en artículos suntuarios, de los 99.800 de “otros bienes y derechos”.
De los números se deduce que Aarón Afonso tampoco pasa apuros económicos: 211.922,18 euros. De esa cifra, 86.300 son de bienes inmuebles y 125.621,49, de depósitos bancarios (de los 125,621,40 euros de otros bienes y derechos). A falta de conocer el patrimonio de Lorenzo, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad es el único que reporta ingresos provenientes de herencia, legado o donación: 170.798,52 euros, de los que 106.852,94 provienen de depósitos bancarios en cuenta corriente o de ahorro. El consejero de Sanidad, Jesús Morera, está en los 147.887: 55.326, en inmuebles; 61.100, en cuentas bancarias, y 18.142, en seguros de vida, por ejemplo. La jefa del departamento de Obras Públicas desciende hasta los 96.702,33 euros, de los los que 79.763 son de bienes inmuebles. A la de Hacienda, Rosa Dávila, se le apunta un patrimonio de 83.258 euros: 79.158, en inmuebles y 4.100, en el banco, computables a otros bienes y derechos. Finalmente, los 49.802,10 euros de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, Nieves Lady Barreto, se distribuyen entre los 40. 602,10 en bienes inmuebles; los 4.500, en cuentas bancarias; los 4.700, de valores representativos de la participación de los fondos propios, y los 9.200, de otros bienes.
Barreto ocupa, asimismo, la última posición en cuanto al pasivo (créditos, préstamos o deudas). Sus 3.741 euros contrastan con los 355.026,07 de Patricia Hernández, que encabeza esta clasificación. Con 259.880 euros de pasivo se sitúa Soledad Monzón. En tercer lugar figura Ornella Chacón, con 149.678,57 euros en deudas de diversa índole. Rosa Dávila anota 137.064,86 euros, algo más que los 110.000 de Fernando Clavijo. Narvay Quintero llega a los 109.755,20 euros, muy lejos de los 38.382 de Pedro Ortega; de los 25.080 de Jesús Morera y de los 23.069,66 euros de Aarón Afonso. A título meramente anecdótico, el que más tiene es de Coalición Canaria (CC-AHI) y la que más debe, del PSOE.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del 26 de diciembre de 2014, modifica la de incompatibilidades, de 1997, en el sentido de difundir a través del BOC “una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos”, con la salvedad de omitir “aquellos datos de localización”, desde el respeto a la privacidad y la seguridad. A posteriori, el portal lo incorpora a su catálogo.
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