De las diez iniciativas legislativas que el Parlamento de Canarias tramita actualmente, una está en lista de espera desde 2010, cinco echaron a andar en 2015 y las otras cuatro se activaron este año. Los proyectos de la modificación de la ley de renovación turística y la del suelo aguardan su turno.
El 28 de abril de seis años atrás entró en el registro la proposición de ley de iniciativa popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias. Tras meses rulando por los pasillos, el boletín oficial publicó el procedimiento de designación de los miembros de la Junta de Control, en 2011 hizo lo propio con el texto y en octubre de 2015 se dio el último empujón a la camilla. Todavía no ha llegado a la sala de operaciones. “La concepción más amplia y valiosa de la salud es aquella que la define como una forma de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa, y en armonía con el entorno social y medioambiental”. La exposición de motivos es toda una declaración de intenciones. Apunta maneras: “La financiación se ha de generar necesariamente desde las diversas fuentes de un sistema fiscal que acentúe la progresividad y de políticas activas de gasto sanitario y social que nos sitúen al menos en la media europea”. Sobre la profesionalización de los gestores, se plantea “separar las responsabilidades políticas de las administrativas”, con lo que debería reducirse el número de altos cargos.
Así como Podemos diagnostica que el desembolso en fármacos psiquiátricos -50 millones de euros- es de locos, los promotores alertan de la “excesiva medicalización” de la sociedad. “El abuso de tratamientos farmacológicos lleva aparejado un elevado gasto sanitario, además de generar otros costos añadidos por efectos secundarios o indeseables”. De ahí que aboguen por desarrollar “programas sanitarios alternativos que deberían ser de marcado carácter preventivo y rehabilitador”.
Si bien reconocen que la Ley de Dependencia (2006) ha venido a “sentar unas mínimas bases para corregir las insuficiencias del Estado de bienestar en lo que se refiere a servicios de ayuda” a las personas en situación precaria, constatan que su aplicación en Canarias es “muy deficiente”.
De las dos proposiciones de los cabildos -la de ordenación de los barrancos de Güímar (creada en septiembre de 2015) y sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, La Gomera y La Palma (octubre de 2015)-, la segunda superó la semana pasada el debate de toma en consideración.
Proposiciones de ley ordinarias hay siete. Tres salieron del grupo Popular: de perros de asistencia para personas con discapacidad; de servicios sociales, y de la entidad pública empresarial Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). El mismo número ha presentado Podemos: para paliar y reducir la pobreza energética; de cuentas claras y abiertas para la Administración autonómica, y de reforma de la ley de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género. La otra corresponde a Nueva Canarias: en defensa del suelo agrícola y de la autonomía municipal de La Laguna, con un informe negativo del Gobierno regional.
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