El Ayuntamiento de Santa Cruz ha repetido hasta la saciedad que la intervención de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz (Emmasa) tenía como objetivo reconducir a la legalidad las irregularidades detectadas, principalmente las relacionadas con la subcontratación de servicios considerados esenciales, algo prohibido en el pliego de adjudicación del contrato además de hacerlo sin permiso del Ayuntamiento. La vía que ha encontrado el Gobierno local para devolver a la legalidad estos contratos realizados por Emmasa es redefinir cuándo una prestación es esencial o principal y cuándo es secundaria. La forma de hacerlo es a través de una “reinterpretación” del contrato que le dio el servicio a Emmasa. Además, a la espera de que se produzca esa redifinición de términos, ha autorizado a la empresa a que, a partir de ahora, pueda subcontratar todo t ipo de obra nueva, independiemente de si es una prestación principal o accesoria. Solo necesita de la autorización municipal.
Ayer, la Junta de Gobierno local aprobó dar por finalizada la intervención y crear una comisión de seguimiento cuyo trabajo fundamental será llevar a cabo esa reinterpretación del contrato. Una vez que la comisión, que tiene dos meses para hacer ese trabajo, establezca las nuevas definiciones, se procederá a incoar un expediente formal de interpretación del contrato, de forma que, culminado este, “deberá obrarse en consecuencia, autorizando expresamente el órgano de contratación aquellas subcontrataciones vigentes que sean susceptibles de tal autorización o instando a su resolución en el caso de que no pueden ser autorizables”. Así lo explicaba ayer tanto el alcalde, José Manuel Bermúdez, como el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga. Ante la pregunta de si los incumplimientos detectados por subcontratar servicios principales pudieran quedar en nada (hasta una docena ha contabilizado el interventor), el alcalde afirmó que “podría quedar en nada o en todo”, para añadir que, “es muy difícil que quede en nada, lo que sí pueden verse reducidos a una parte o ser ratificados en su totalidad, pero eso es algo que el instructor debe delimitar a través del procedimiento sancionador”. Arteaga por su parte defendió que “no puede considerarse que todo lo que hace Emmasa es principal porque entonces sería imposible trabajar”. El edil puso como ejemplo las reparaciones submarinas, “se considera una prestación principal pero no resulta lógico que se tenga un equipo de buzos todo el año cuando es un servicio que se puede subcontratar para reparaciones puntuales”.
En paralelo a esta redefinición de términos, también se aprobó que Emmasa pueda subcontratar todo lo que sea obra nueva, siempre mediante autorización previa del Ayuntamiento capitalino. Esto en la práctica supone que da igual qué tipo de prestación se vaya a realizar (principal o accesoria) porque a partir de ahora Emmasa solo necesitará la autorización del Ayuntamiento. Arteaga, aseguró que con esta medida lo que se consigue es desbloquear las inversiones pendientes. “Ya no hay ninguna excusa para que Emmasa y Sacyr realicen inversiones”.
Sanciones
Junto a estas medidas, destacó Arteaga, y también el alcalde, que los procesos sancionadores que se han iniciado, continuarán su tramitación. El primero de ellos, el de 450.000 euros por subcontratar sin el permiso municipal, ya está en el juzgado recurrido por Emmasa. Los otros dos que están en marcha (por el mismo motivo) aún no se han incoado aunque sí se ha iniciado el trámite administrativo correspondiente. Las sanciones en estos casos van desde los 30.000 hasta los 450.000 euros.
En el informe también se recoge que Emmasa ha de informar sobre el doble pago realizado a Valoriza (cuando contrató a sus directivos) para ver si está dentro del concepto de transferencia de conocimiento (kow now). En este apartado , los técnicos municipales, a diferencia del interventor, consideran que Emmasa ha de devolver 1,5 millones por esta cuestión. Además habrá de actualizar la cifra de la inversión realizada hasta 2015 y enviar un cronograma en el que garantice la reposición de las cantidades que tenían que haberse destinado a grandes reparaciones y que la empresa usó para abonar gastos en indemnizaciones y planes de pensiones a su personal.
El alcalde defendió la solvencia técnica de la propuesta y recordó que ninguno de los técnicos y juristas avala la recuperación del servicio. “Hay dos caminos, uno el que hemos propuesto nosotros y otro que es el de la oposición, que defiende, sin informes jurídicos y técnicos que lo avalen, la resolución del contrato”. Arteaga por su parte insistió en que esta medida “mejora y controla el servicio y además permite que la empresa sepa a qué atenerse”.
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