Candelaria envia un apremio a dos empresas de Plasencia para cobrar deuda histórica

El Ayuntamiento mantiene en el apartado de ‘dudoso cobro’ desde 2010 algo más de un millón de euros por el impuesto (ICIO) del convenio de la cuarta planta en la rambla de los Menceyes
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El convenio permitió a los constuctores realizar una planta más / NORCHI
El convenio permitió a los constuctores realizar una planta más / NORCHI

El Ayuntamiento de Candelaria ha enviado un apremio, según indicó Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda, a las empresas PPL y Carlacand, del conocido empresario Antonio Plasencia, para cobrar una deuda que estas mantienen con el Consistorio desde 2010 y que constan en la contabilidad municipal como de deduso cobro desde entonces.

Desde hace cuatro años, tras reiteradas preguntas de la oposición, desde el grupo de gobierno siempre se ha manifestado con respecto al cobro que “se estaba en ello”, pero al día de hoy, los impuestos por el denominado convenio de la cuarta planta, que supera 1,2 millones de euros no ha sido ingresado por las referidas empresas, después de sortearse, algunos pleitos judiciales.

Sí se puede presentó hace dos años una denuncia en Fiscalía contra el grupo de gobierno por prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación contra el Ayuntamiento de Candelaria, denuncia que no fue tramitada por entenderse que éste tenía el proceso el cobro.

Los hechos están relacionados con las licencias de obras concedidas en el año 2004 por el Ayuntamiento de Candelaria a ocho promociones de siete empresas (Araya Plaza, Punta Larga, Carlacand, Nicasio Díaz Gil, Eugenia Plasencia, Amador Díaz Ramos y Estrella Díaz),por la que los firmantes podían construir una planta más de las tres previstas inicialmente y, como contrapartida, el Ayuntamiento percibiría en metálico una cantidad sustitutoria que sumará 5,7 millones de euros y que se destinará a equipamientos y dotaciones municipales. En el caso de Promotora Punta Larga (PPL) y Carlacand (propiedad de una hija del dueño de PPL) se trató de la construcción de cinco edificios de tres plantas de altura en la rambla de Los Menceyes que posteriormente se incrementaron, en base a los denominados convenios de cuarta planta, suponiendo modificaciones sobre los proyectos inicialmente previstos en 137 viviendas, 7 garajes y 48 trasteros de más.

En el año 2010, el Ayuntamiento de Candelaria acordó las liquidaciones propuestas por el Servicio de Gestión Tributaria que consistían en diferentes liquidaciones por las licencias de primera ocupación, las licencias urbanísticas del reformado de las obras y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), tramitándose tanto liquidaciones definitivas referidas a las obras del edificio inicialmente proyectado y como liquidaciones provisionales las referidas a los proyectos de reforma por las que se ampliaba una planta y en ocasiones plazas de garaje o locales.

En el año 2010 las constructoras recurrieron estos decretos al no estar conformes con el criterio con que se había calculado la base imponible. Recursos que ganaron ya que las tasas de licencia debían determinarse por el coste real y efectivo de la obra y no sobre otros criterios como, incorrectamente, había fijado el Ayuntamiento.

En todo caso, la cantidad no recaudada por estos conceptos a la empresa Carlacand y Promotora Punta Larga supera al millón de euros, (1.005.875,29 euros en concepto de ICIO y 153.082,65 euros en concepto de licencias urbanísticas) tal y como figura en las Cuentas Generales del Ayuntamiento del año 2010, 2011 y 2012 que se reflejan como saldos de dudoso cobro.

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