Fue durante los años del plomo etarra, sin duda un caldo de cultivo idóneo para que centenares de policías nacionales destinados en el País Vasco se preocupasen por un futuro tan incierto como amenazado.
La banda asesina contaba por centenares a sus víctimas cada año y los funcionarios públicos supervivientes comprobaban que el desamparo anidaba en las familias de sus compañeros caídos sin que las autoridades cubrieran tal necesidad vital.
“Sabías que todos los días te la jugabas, y me salvé en dos ocasiones de ser víctima de un posible atentado”, explica Manuel Barreto, un policía santacrucero nueve años destinado en la Comisaría de Basauri (Vizcaya) que añade: “Recuerdo que nos reuníamos en la cafetería y lo del seguro nos parecía a muchos una decisión adecuada porque además te cubría hasta el suicidio, que presentaba tasas muy altas entre los compañeros destinados entonces al País Vasco”.
Ahora, Barreto es uno de las decenas de policías nacionales afectados por un presunto fraude cuyo alcance -estima la Confederación Española de Policía (CEP)– implica a unos 2.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) repartidos por todo el país.
Fue a primeros de año cuando trascendió a nivel interno que el Juzgado de Instrucción Número 50 de Madrid decretó el ingreso en prisión de Luis Javier Soria y su esposa, María Cortés Martín, responsables de la correduría de seguros que, en esos terribles años de la década de los ochenta, aparecieron cual mirlo blanco en las comisarías vascas de la policía nacional. Tal y como denuncia la CEP, que impulsa en la actualidad una acción popular para participar en el proceso, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) acusa a Soria de una presunta apropiación indebida de las primas pagadas durante decenios.
“Yo contraté un seguro para mí y otro para mi esposa, por los que al final acabé pagando unos 60 euros al mes”, detalla Barreto, que confirma un dato cuando menos sorprendete ante lo insólito de una intervención pública en un negocio entre particulares: “La Dirección General de la Policía me lo descontaba directamente de la nómina”. Como a tantos, ha sido cuando al pasar a segunda actividad e interesarse por el seguro en cuestión, Barreto -de 57 años- confirmó las sospechas que le habían despertado los comentarios leídos en las redes sociales: “Desde hace años habían muchas quejas porque la correduría no pagaba lo convenido y muchos acababan con pleitos; a mí hasta llegaron a decirme durante una conversación telefónica que lo mejor que podía hacer en mi caso era buscarme otro trabajo”. Los especialistas de la Udyco lo tienen claro, las primas pagadas por Barreto y, aproximadamente, otros 2.000 policías nacionales acabaron ingresadas en cuentas particulares del ahora investigado Luis Javier Soria, en un caso donde la CEP advierte de que, además de la presunta apropiación indebida, puede concurrir la comisión de otros delitos como la falsedad o la estafa.
Sobre el alcance real de esta trama da cuenta la propia Udyco, que ya el pasado mes de febrero había contabilizado a 1.320 afectados por un montante de unos 30 millones de euros. “Calculo que debían corresponderme entre 27.000 y 30.000 euros”, se lamenta Barreto, que piensa acogerse a la propuesta efectuada desde la CEP para personarse en el caso como parte perjudicada en una clara estrategia procesal para dar la mayor visibilidad posible al proceso.
Respecto a la correduría en cuestión, se sabe que cuando inició sus operaciones con los policías nacionales destinados en el País Vasco se llamaba Soria & Balanzat, si bien fue cambiando de nombre en varias ocasiones durante el transcurso de los años, para finalmente figurar como S. P. E. Brokers. Ahora mismo tiene las cuentas bancarias bloqueadas, una medida cautelar dispuesta por el juzgado que instruye el caso y que impuso a Soria una fianza de 500.000 euros que posteriormente rebajó a 200.000.
Mediante un comunicado remitido a todos sus afiliados y que obra en poder de este periódico, la CEP pide que “se garantice que todas las cantidades detraídas y que deberían haber sido recibidas por la correduría queden retenidas y solo se abonen a la compañía de seguros correspondiente si se hace cargo de la póliza y de los siniestros producidos desde que se comenzó a delinquir la compañía aseguradora del seguro colectivo”.
Lo cierto es que la implicación del referido sindicato policial es notable, a tal punto que también se ha creado una plataforma de afectados coordinada por los secretarios provinciales del sindicato, que en el caso tinerfeño es José Luis Gallardo.
También se solicita a la Dirección General de la Policía que emita un comunicado general a todos los posibles funcionarios afectados, así como que ninguno “pueda verse perjudicado por la desatención de algún siniestro”. Dicha petición de aviso se debe a que la Fiscalía ya comunicó en su día que entiende que debe ser la DGP “la que alerte lo que estime procedente respecto a los funcionarios afectados”.
De especial relevancia para los perjudicados por este asunto resulta un párrafo del informe emitido por la Udyco en el que se solicita a la autoridad judicial “que se determinara el procedimiento que debe seguirse con dichas cantidades de dinero [las embargadas a la correduría], toda vez que hasta que no se produzca una petición expresa por parte de los funcionarios continuará siendo detraído de su nómina” la prima correspondiente a cada asegurado.
No es el caso de Barreto ni de otros cinco compañeros canarios o destinados en las Islas con los que la Confederación Española de Policía ya ha podido contactar. Ahora esperan por una solución judicial que les permita recuperar un dinero con el que esperaban garantizar un plácido retiro.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]La DGP como posible responsable civil subsidiaria
No queda clara la relación entre el Ministerio del Interior y la correduría de seguros ahora investigada, y más al conocer que las cuotas se deducían directamente de las nóminas. ¿Hay relación contractual entre la DGP y los ahora señalados como responsables de un presunto fraude a gran escala a miles de policías? La Justicia ya trabaja en ello[/su_note]
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