La reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad entró ayer en vigor y tiene como principales cambios la ampliación de los servicios y prestaciones, marca un plazo máximo de 3 meses para resolver el reconocimiento de la dependencia, facilitará el acceso al grado de discapacidad, amplía las ayudas a domicilio, ofrece más apoyo para los cuidadores y reconoce la atención temprana como un derecho para los niños de 0 a 6 años.
Según datos del Observatorio Estatal de la Dependencia correspondiente al tercer trimestre de 2026, en Canarias 14.638 personas esperan en la lista de espera de la dependencia, con un tiempo medio de espera en el sistema que se situó en 214 días al término de septiembre, 100 días mejor que la media nacional, pero aún un mes por encima del plazo que marca la legislación (180 días). Recordar que hace un mes eran 250 días y hace un año, 478. La resolución del grado se tramita en 138 días de media (152 en agosto) y el paso de esa resolución a la prestación lleva 45 días (58 el pasado mes de agosto).
En el conjunto de España, la espera media para dependencia (tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente) es en este momento de 314 días, 27 días menos que en enero y afecta a 236.736 personas.
Canarias se coloca como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas dependientes incorporadas a la red de atención a la dependencia y la que más ha reducido el tiempo medio de espera en lo que va de año, en 200 días. A pesar de ello, de este dato positivo, Canarias sigue arrastrando las peores cifras del Estado en el desarrollo del sistema de dependencia, entre ellas ser la de mayor número de personas pendientes de recibir prestación con el 15,5%, la segunda con número de solicitantes que estarían esperando algún tipo de trámite, con el 15,9%, o también ser de las comunidades que más personas fallecen sin recibir prestación o servicio: solo en lo que llevamos de año unas 519 personas. En todo el país los primeros nueve meses han fallecido 21.374 personas que se encontraban en listas de espera, de las que 10.753 estaban esperando a ser valoradas y 10.621 esperando a recibir la prestación.
Canarias suma 91.922 solicitudes registradas, un 17,8% más que hace un año. El 58,5% corresponde a mujeres y el 41% a personas de 80 o más años. Hay 89.676 resoluciones de grado en vigor: el más numeroso es el Grado II o dependencia severa con 28.927, seguido por las 27.117 de Grado III y las 24.088 del Grado I, mientras que 9.544 usuarios no tienen grado. Cuenta con 79.828 personas con Programa Individual de Atención (PIA), un 37,6% más que en septiembre de 2025.
En total hay 100.565 prestaciones reconocidas hasta septiembre, de las cuales 84.876 (el 84,4%) ya son efectivas. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar sigue siendo la más frecuente con 35.533 beneficiarios, el 35% del total, seguida de la prestación económica vinculada al servicio (30.225) y la teleasistencia (17.589). Tenerife (48.342) y Gran Canaria (38.646) concentran la mayor parte.
El Gobierno regional reconoce que hay un tapón, el de las 12.088 personas pendientes con una prestación aún no efectiva. Canarias cuenta con casi 35.400 personas cuidadoras, el 74% mujeres. Casi la mitad tiene entre 50 y 66 años, y en más de seis de cada diez casos el cuidador es un hijo/a o la madre de la persona dependiente.
La Consejera Candelaria Delgado destacó que la mejora de registros “no hacen sino corroborar la implantación del sistema monofásico de valoración”. Canarias aparece como la de mayor incremento de personas atendidas, el 39,1% de beneficiarios con prestación entre enero y septiembre de 2026. Esto va asociado a que Canarias logró sacar a 7.385 personas de la lista de espera (un 33,5%) en lo que llevamos de año. Recalcó la “espectacular bajada” en la tramitación. “Estamos en 214 días, aunque una persona que ponga una solicitud hoy, tiene su resolución en 60 días”.
Las personas con derecho reconocido a prestación subieron un 17,4%, ocupando también el puesto a nivel nacional. Y la financiación por persona atendida subió un 182,4% (pasando a 239,48 euros en septiembre de 2026).
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