El Ayuntamiento de Santa Cruz llevará ante la Justicia, antes de que finalice noviembre, la orden del Ministerio de Memoria Democrática que obliga al Consistorio a retirar, como máximo en febrero de 2027, el monumento a La Victoria, conocido como monumento a Franco, de su enclave en la avenida de Anaga de la capital. Ademas, pedirá medidas cautelares con el objetivo de paralizar cualquier actuación hasta que la Justicia se pronuncie. “Voy a pedir que se suspenda el dictamen del Estado, porque si quito la obra sin que se hayan pronunciado los tribunales, y se rompe o se cae, sería un daño irreparable”.
Así lo aseguró ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez, a DIARIO DE AVISOS, tras añadir que existen “motivos jurídicos” para proteger la obra de Juan de Ávalos por su valor artístico e incorporarla al catálogo patrimonial de la ciudad, al no ser declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Canarias. Aseveró que “el monumento tiene valores artísticos y muchas posibilidades de que se proteja, aunque sea un vestigio franquista. Sé que la ley me permite mantenerlo, pues el Ayuntamiento es propietario de la obra, y es lo que vamos a defender. Voy a recurrir la orden y, estoy convencido de que voy a ganar”.
Bermúdez dijo que “cumpliré las leyes de Memoria Democrática y de Memoria Histórica, porque lo que defendemos es que la legislación permite mantener en el espacio público determinados elementos con valores artísticos, siempre que estén protegidos, a pesar de que sean un vestigio franquista. La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico ha considerado que los tiene. Una decisión que permitiría incorporar el monumento al catálogo patrimonial y, es lo que impulsa a que recurramos la orden y a solicitar medidas cautelares para evitar que se retire antes de que los tribunales se pronuncien”.
El alcalde apuntó que “sé que es un monumento vinculado a la victoria de Franco y a la conmemoración de los 25 años de paz. Es algo que está documentado. Pero creo que hay argumentos jurídicos para defender su protección. A algunos les parecerá que esta defensa me sitúa en la ultraderecha y a otros, que como es un vestigio franquista, significa estar en la ultraizquierda. Me da igual. Mi objetivo es proteger el patrimonio del municipio y cumplir la ley tal y como está escrita, no como ideológicamente algunos quieren que se aplique. Estoy convencido de que tengo argumentos jurídicos para defender nuestra posición”.
Fijación estatal
Respecto a si considera que existe una fijación concreta con Santa Cruz por parte del Ministerio que dirige Víctor Ángel Torres en base a ordenar la retirada del monumento a Franco, Bermúdez apuntó que “es un poco extraño que solamente el Estado se centre en este vestigio franquista de todos los que aún hay en Canarias. Además, me llama la atención que anteriores gobiernos socialistas, tanto en este Ayuntamiento como en otras administraciones, no actuaran en años contra el monumento. Ahora, en cambio, sí existe una orden específica contra la obra. También me sorprendió que el Gobierno canario, al frente de Torres, aprobara en su día un catálogo de vestigios solo para Santa Cruz de Tenerife, aunque luego los tribunales lo anularan. No sé cuál es el motivo, pero creo que es legítimo preguntarse por qué se ha actuado así. En cualquier caso, serán los tribunales los que decidan”.
En cuanto a las críticas de que el Consistorio capitalino destine recursos públicos a costear un procedimiento judicial para salvar el monumento a Franco, Bermúdez se mostró tajante. “Esto es una falacia de Izquierda Unida, porque no estoy destinando el dinero de los contribuyentes a la defensa del monumento, sino a la del patrimonio municipal”.
El regidor manifestó que “no se ha contratado un servicio externo, sino que son los servicios jurídicos municipales los que están elaborando el recurso. Uno funcionarios que cobran independientemente de que haya un recurso concreto. Cuando defendemos una decisión municipal o un bien que pertenece al Ayuntamiento, estamos haciendo nuestro trabajo. Es falsa esa acusación de que estamos utilizando recursos públicos de manera extraordinaria para proteger el monumento”.
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