La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha remitido un comunicado donde se desvincula de la carta enviada por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), dependiente de dicha consejería, a diferentes ayuntamientos entre los que se encuentra el de Santa Cruz de Tenerife, donde los acusaba de amparar a personas que están ocupando “de forma ilícita viviendas de titularidad pública”.
En el mismo aclara lo siguiente:
“El contenido de la carta firmada por el gerente de esta empresa pública es contrario a las políticas de esta Consejería, uno de cuyos pilares fundamentales es que ninguna familia sin recursos económicos se quede sin acceso a los servicios básicos, como el agua o la luz.
Ni el Consejo de Administración de Visocan, ni la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ni el director general de Vivienda del Gobierno de Canarias habían sido informados previamente de la intención de enviar esta carta ni de su contenido.
Es voluntad de esta Consejería revertir las consecuencias que se deriven de su contenido y seguir defendiendo el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos, sin menoscabar por ello la defensa del interés del patrimonio público del Gobierno de Canarias.
La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias pedirá explicaciones al gerente de Visocan sobre el envío de esta carta y adoptará las medidas oportunas en defensa del interés general”.
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