Hace unos meses, el portavoz socialista en Güímar, Airam Puerta, anunció la posibilidad de presentar una moción de censura a la alcaldesa popular Carmen Luisa Castro, tal y como ella hizo hace ahora tres años para desbancar a su entonces socio socialista, Rafael Yanes Mesa. Sin embargo, esa posibilidad de ha quedado en aguas de borrajas, porque ya no solo que no tiene visos de prosperar -Coalición Canaria no está ahora mismo por la labor- sino que incluso PSOE y Sí se puede, no terminan de ponerse de acuerdo para presentarla.
La oposición ha preferido presentar denuncias por las supuestas ilegalidades cometidas por la alcaldesa y su grupo de gobierno, a raíz de conocerse los múltiples reparos de Secretaría e Intervención, tanto en Fiscalía como en los medios de comunicación y en los dos últimos plenos municipales, en el último de los cuáles, de carácter extraordinario, se aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 520.000 euros para dar cobertura legal al pago de proveedores de facturas de 2015 reparadas por la interventora Ruth Arteaga, en el centro del huracán tras los ataques desmedidos del asesor de la alcaldesa y coordinador municipal del PP, Víctor González, de tal guisa que la funcionaria ha terminado por denunciarle por acoso laboral.
Los nacionalistas
Los dos concejales que forman parte el grupo municipal nacionalista (Javier Mederos y Gustavo Pérez), se ausentaron de la votación del pleno extraordinario, aunque el segundo ya abstuvo en la comisión previa. Mederos, en cambio, como concejal de Hacienda, firmó el reconocimiento, aunque ha reconocido que “las cosas de deben hacer mejor”, reconociendo el trabajo serio, riguroso y profesional” de la interventora, sin esconder que “he tenido mis diferencias con ella, al igual que con la secretaria”, afirma.
Mederos, clave en la posibilidad de que saliera adelante una moción de censura, asegura que “no hay motivos para ella”, si bien es consciente que “ahora mismo los ataques del coordinador del PP a la interventora no contribuyen a que Güímar funcione bien”.
Cuando se le pregunta si estaría dispuesto a dar un paso al costado -irse a otra administración supramunicipal gobernada por CC- para posibilitar la moción, Javier Mederos es concluyente. “Aunque me vaya no saldrá esa moción, porque Gustavo Pérez tampoco le veo en ella”, sentencia.
Hay que recordar, que en Güímar se habla de moción de censura desde mucho antes de que surgieran las descalificaciones del coordinador del PP hacia la interventora, aunque fueron estas las que han avivado el fuego. La convocatoria a este pleno extraordinario donde se repararon las facturas por un valor de medio millón de euros vino precedida por un polémico cruce de acusaciones en prensa entre las que ha sobresalido las del coordinador del Partido Popular en Güímar hacia la interventora municipal, a la que ha acusado de entorpecer el gobierno municipal.
A juicio del grupo Socialista, al igual que para Sí se puede, el trabajo de la interventora, lo único que ha hecho ver de manera clara en sus informes ha sido las constantes irregularidades en cuanto a contratación y ejecución de obras que caracteriza al actual grupo de Gobierno en Güímar. Así, son numerosas las facturas reparadas por tratarse de suministros, servicios y obras realizados por las mismas empresas por adjudicación directa (superando los topes de 18.000 y 50.000 euros anuales), labores realizadas sin los preceptivos informes de otras administraciones, obras para la que los propios técnicos del Ayuntamiento no han dado el visto bueno final. Todos esos expedientes han sido remitidos a Fiscalía por si son constitutivos de delito.
Pactos y crisis
“Las mociones de censura no se anuncian, se presentan”, responde la alcaldesa Carmen Luisa Castro (PP), quien precisamente gracias a esa “herramienta democrática” desbancó de la Alcaldía güimarera a Rafael Yanes (PSOE) hace ahora tres años. Dos años después, tras unas nuevas elecciones, Luisa Castro mantiene el bastón de mando y lo hace con la fuerza de haberse quedado apenas a 27 votos de la mayoría absoluta, derrotando por primera vez a los socialistas (cinco actas) en el municipio. Para asegurarse la estabilidad, Castro pactó de nuevo con los nacionalistas (solo dos concejales), que quedaron fuera del pacto en cascada entre PSOE y CC al necesitar un tercero (Sí se puede) para alcanzar la mayoría. “Formamos un gran equipo y me siento muy segura de mi socio de gobierno”, remarca la alcaldesa.
Otra de las posibilidades que se habían barajado para dar carpetazo a la actual crisis municipal de Güímar era que el Partido Popular eligiera a Castro candidata al Senado y en caso de ser elegida dejara la Alcaldía, posibilidad que ya ha descartado el presidente insular del PP, Manuel Domínguez, quizás influenciado aun por Lemes (exPP en Arafo).
“Cómo voy a echarle si es el único que me defiende”
Luisa Castro, pese a las voces de alguno de sus compañeros de gobierno se muestra clara a la hora de defender a Víctor González: “Cómo vada”, y añade que “sus opiniones son personales, no de partido, y defiendo la libertad de expresión, no como dijeron algunos cuando me imputaron aquello de utilizar la Ley Mordaza contra un vecino”.
Javier Mederos: el portavoz de CC descarta “por ahora” cualquier moción de censura porque “no hay motivos para ello” y que todo lo que se habla son “dimes y diretes”, porque “nadie me ha llamado para hablar de ello”. Mederos reconoce, sobre las cuentas, que “se pueden hacer las cosas mejor” y que los ataques a la interventora “no contribuyen a que Güímar funcione bien”.
Airam Puerta: El portavoz del PSOE afirma que el pacto PP-CC ha reparado en los casi tres años que lleva gobernando siete de los 47 millones de euros gastado, en torno al 15% y que esa “mala gestión, sin una obra en tres alos” está denunciada en Fiscalía, y cree que la moción de censura estaría motivada, “no como la que hizo Luisa Castro, a traición y sin justificación”.
Ruymán Expósito: El portavoz de Sí se puede explica su abstención en al reconocimiento extrajudicial de crédito en base a que “los pequeños proveedores tenían derecho a cobrar”, pero admite que “una cosa es dejar que gobierne la lista más votada y otra que siga este despilfarro”, y advierte que “la vía judicial puede tardar varios años y no podemos paralizar el Ayuntamiento”.
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