Unos 500 puntos de vertidos de aguas residuales al mar se han localizado en Canarias, en torno a 200 de ellos de forma libre, sin tubos, y otros 312 mediante conducciones, entre ellos emisarios submarinos o aliviaderos de emergencia de estaciones de bombeo.
De esta última cifra, aportada en el último pleno del Parlamento canario por la consejera de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto (CC), apenas 102 cuentan con autorización en vigor y otras 72 están en trámite de obtener el permiso. En su día hubo 174 autorizadas.
El problema es que el último censo data de 2008, por lo que el Gobierno canario ha encargado uno nuevo que estará terminado en 2017. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) han impuesto 60 multas en los últimos cinco años por vertidos ilegales al mar, la mayoría de menos de 3.000 euros.
El asunto vuelve a la actualidad por el diputado tinerfeño del PP Guillermo Díaz Guerra, quien pidió la comparecencia parlamentaria de la consejera y le exigió “tomar cartas en el asunto para meter en vereda esas más de 300 conducciones de vertidos censadas”, si bien da por seguro “que son en realidad muchísimas más”.
Díaz Guerra se queja de que CC y PSOE “quieren hacer bandera del ecologismo y se convierten en máximos defensores de las aguas cercanas a Canarias por unos sondeos de hidrocarburos legales, pero luego ocultan todos estos vertidos reales, sobre las que sí tenemos competencia y la responsabilidad directa”.
De ahí que, a su juicio, esta contaminación constituye “la verdadera amenaza a nuestro litoral, su fauna y flora, a la la calidad de nuestras aguas de baño”, cuando “existe suficiente tecnología para evitarlo y suficientes normas que hacer cumplir desde hace 20 años”.
La consejera no le quitó crédito: “Tiene usted razón”, le respondió, si bien defendió la necesidad de un nuevo censo y le recordó que el Gobierno canario “da las autorizaciones, pero no hace las infraestructuras” en esta materia, sino los ayuntamientos (a lo que instó a cumplir la normativa “que les toca”), los cabildos o los titulares privados.
Sobre el tratamiento a las aguas negras antes de llegar al mar, Díaz Guerra denunció que no se cumple el proceso obligatorio “casi nunca, ni siquiera en grandes poblaciones” , extremo en el que Lady Barreto le dio también la razón.
Evocó asimismo el parlamentario “cuántas veces se han cerrado playas al baño por bacterias patógenas”, si bien los vertidos llevan también sustancias tóxicas y peligrosas, al punto de que “los entornos de los emisarios son ya auténticos lodazales”. Criticó igualmente que no se reutilice más volumen de agua residual.
El diputado del PP cita como ejemplo que en la capital tinerfeña, según el censo del Gobierno canario, hay 34 vertidos el mar (cree que hay “muchos más”), de los que solo 9 están autorizados. De 21 conducciones, 9 causan daños graves , 2 muy graves y 1 moderados. Uno de ellos, en La Hondura, vierte” 625.000 litros de aguas residuales cada hora al mar sin tratamiento”.
Los demás grupos de la oposición son igual de críticos. Desde Podemos, Francisco Déniz tachó de “catastrófica” la situación pues “nos vanagloriamos del turismo pero nuestro mar no es un charco azul precisamente ya que el 74% de los vertidos no están autorizados”, dijo, con datos oficiales de 2008, y ello pese a que “el 11% tiene afecciones graves al medio ambiente”.
Nueva Canarias (NC), por boca de Román Rodríguez, habló de “fracaso” de las administraciones canarias en este asunto. La Agrupación Socialista Gomera (ASG), a través de Jesús Ramón Chinea, calificó de “preocupante” el problema y reclamó al Gobierno “más inversión y apoyo a los ayuntamientos para mejoras los emisarios”.
Desde los grupos de gobierno, Nayra Alemán (PSOE) aludió a la “cultura en Canarias de tirar al mar lo que molesta” y abogó por “más educación ambiental”; y David de la Hoz (CC) cree que “no es de recibo” que el PP compare los sondeos de Repsol con este problema, aunque admitió como “evidente el déficit en el análisis”, al no tener un censo actualizado.
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