Los concejales de Transportes de Adeje, Arona, Guía de Isora, Granadilla, San Miguel, La Laguna y Puerto de la Cruz, y los representantes de la Federación Regional del Taxi y de las asociaciones de taxis de los municipios citados acordaron ayer exigir al Cabildo de Tenerife que ejerza sus competencias para combatir el intrusismo en el sector del transporte público. Concretamente, reclaman un servicio más eficaz de los inspectores de la Institución insular, sumando nuevos efectivos, y mayor agilidad en la tramitación de las denuncias que efectúan las policías locales. Tanto los ayuntamientos como los profesionales del taxi se quejan de que muchas de esas denuncias acaban cayendo en saco roto.
En ese sentido, los representantes de los municipios y del taxi decidieron ayer, en el transcurso de un encuentro celebrado en el Espacio Cívico de San Isidro (Granadilla), dirigirse al Cabildo tinerfeño para solicitar una reunión en la que estén presentes los profesionales del volante, los ayuntamientos y el presidente y el director insular de Transportes de la Institución para buscar una solución e implementar las medidas necesarias que garanticen un mejor servicio público tanto para la población residente como para el turista que visita la Isla.
Asimismo, los participantes en el encuentro determinaron la convocatoria de una mesa de seguridad en próximas fechas en San Miguel de Abona a la que acudirán los jefes de las policías locales de la Isla con el fin de fijar una serie de actuaciones comunes contra el fenómeno del intrusismo. Además, Adeje acogerá una segunda reunión en la que se buscará la armonización de las ordenanzas reguladoras del taxi para que sean lo más parecidas posibles en los municipios.
“Situación difícil”
Francisco Cabrera, vicepresidente de la Federación Regional del Taxi, calificó la actual situación de “difícil”, especialmente en los municipios turísticos, por lo que pide al Cabildo que se implique con más inspectores y dándole curso a las denuncias que tramitan las policías locales. También señaló que, aunque no es una competencia directa de los ayuntamientos, se deberían unificar los recursos municipales para atajar estas prácticas.
Por su parte, el concejal de Transportes y Seguridad de Granadilla, Nicolás Jorge, que actuó de portavoz de los ediles, señaló que el problema del intrusismo se vive con mayor intensidad en las localidades turísticas y en aquellas donde están los dos aeropuertos (Granadilla y La Laguna), “como lo demuestra el aumento de esta práctica ilegal en los últimos años”.
Jorge defendió el frente común con los representantes del sector propuesto en la reunión “para exigir respuestas al Cabildo, que es la administración competente en materia de transportes”. Por último también mostró su confianza en que un funcionamiento más coordinado entre las policías locales se traducirá en una mayor eficacia en las actuaciones, “teniendo en cuenta que este es un problema insular y no solo de una localidad concreta”.
Según fuentes del sector, alrededor de 10.000 familias dependen del taxi en la isla de Tenerife, contabilizando patrones y asalariados.
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