El primer informe anual sobre la aplicación de la transparencia en España -después del de Canarias llegaría el de la Región de Murcia- fue presentado este martes ante la Comisión de Gobernación Justicia e Igualdad del Parlamento. El comisionado resumió un documento de 273 páginas, incluidas las 141 del anexo. Entre sus conclusiones, Daniel Cerdán ha detectado una serie de “agujeros” en la ley autonómica, vigente desde enero de 2015. Concretamente, observa deficiencias en el régimen sancionador ante los incumplimientos, que no lo ve efectivo, y constata que la regulación de la obligación de publicidad activa (la información que está a disposición de la ciudadanía sin necesidad de pedirla) para los contratos pequeños es menos exigente que la normativa nacional. Esas consideraciones le condujeron a sugerir “ajustes en la ley” a través de una doble vía: el desarrollo reglamentario y, en algunos aspectos, mediante una modificación de la propia legislación.
[su_pullquote]En 2015 se registraron 325 solicitudes de información: 219 en los ayuntamientos, 15 en los cabildos, y 91 en la Administración autonómica[/su_pullquote]
Tras su exposición inicial intervinieron los respectivos portavoces de los seis grupos. El más crítico, Emilio Moreno (PP), calificó la comparecencia de “error”, al entender que no había transcurrido el tiempo suficiente como para realizar una evaluación fidedigna. Además, le echó en cara que cuestionara una ley aún caliente y aprobada por unanimidad. Luego, en el turno de aclaraciones, Cerdán matizó sus comentarios y resaltó las bondades del texto. Puntualizó que lo que en realidad plantea es una “reflexión” para introducir mejoras a dos o tres años vista. Apoyó su argumentación en el hecho de que cuatro comunidades autónomas ya han acometido “retoques”. Melodie Mendoza (ASG) reclamó una descentralización, a lo que Cerdán respondió que el presupuesto (apenas el 2% del Parlamento) no permite demasiadas alegrías, pero dejó una puerta abierta a la colaboración con el Diputado del Común. Esther González (NC) propuso que el silencio administrativo favorezca a los demandantes de información. Gustavo Matos (PSOE) recomendó el diseño de campañas divulgativas para que se conozcan los derechos y cómo ejercerlos. Socorro Beato (CC) valoró que se pongan estas herramientas en manos de la población e incidió en que transparencia no es solo lo que aparece en los portales, la punta del iceberg.
Palabras aparte, los datos son elocuentemente discretos. Durante el periodo analizado se contabilizaron 325 solicitudes de información en los tres niveles institucionales: 219 en las oficinas de los ayuntamientos; 15 en los cabildos y 91 en radio de acción del Ejecutivo regional. Queda mucho recorrido por delante.
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“Los niños se hacen adultos y se acostumbran a no preguntar”
Daniel Cerdán parte de la premisa de que España es un país de “escasa tradición” en la rendición de cuentas y en la transparencia. Tan incisivos por naturaleza, “los niños se convierten en adultos y se acostumbran a no preguntar”. El comisionado confía que se normalice la situación.[/su_note]
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