La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) confirmó ayer viernes hasta 75 casos de daños oculares (principalmente ceguera, sea total o parcial) por el uso de lotes en mal estado de perfluoroctano comercializado bajo la marca Ala Octa.
De ellos, como mínimo hay nueve casos de Canarias, según ha podido averiguar DIARIO DE AVISOS, si bien se estima que finalmente serán más. De esos nueve, siete corresponden al Hospital Universitario de Canarias (HUC) y los dos restantes a sendas clínicas privadas de la provincia de Las Palmas.
Cabe recordar que solo desde el HUC (único hospital público de las Islas donde se distribuyeron los lotes en mal estado) se remitieron a estudio un total de 33 casos, si bien el jefe de Servicio de Oftalmología de dicho centro, Miguel Ángel Serrano, precisó que se había optado por un criterio amplio para evitar en lo posible injusticias.
Ahora, los especialistas designados por la Aemps (entre los que se encontraba el propio Serrano) ya han obtenido sus conclusiones sobre estos 75 casos, si bien se han pedido datos complementarios sobre otros 20 pacientes.
La Aemps se ha limitado a recordar que recibió 116 notificaciones de 28 centros sanitarios localizados en 13 comunidades autónomas (incluída Canarias), de los que ha estudiado ya 107, con el abrumador resultado de 75 confirmados y 20 en estudio.
Este periódico se puso ayer en contacto con el abogado vasco Carlos Gómez Menchaca, quien precisó que los nueve casos que lleva de las Islas están entre los confirmados: los ya citados siete de Tenerife y los dos de Las Palmas.
Pero basta con cotejar las listas para entender que, en el peor de los casos, al menos 24 casos proceden del Archipiélago, ya sea confirmados, ya a la espera de esos datos complementarios.
Estos lotes dañados de Ala Octa fueron fabricados por la firma alemana Ala Medics.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Una decisión clave al confirmar la causa-efecto que activa la vía judicial
Tanto el abogado vasco Carlos Gómez Menchaca como los tinerfeños Juan José Rodríguez y Víctor Medina, que representan legalmente a casi todos los pacientes de Canarias, coincidieron ayer en que la decisión de la Aemps activa la vía judicial, al establecer definitivamente la relación causa-efecto entre el uso del producto y las lesiones. [/su_note]
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