
La modificación de la ley 6/2002 de ordenación territorial del turismo en La Palma, La Gomera y El Hierro, promovida por el Cabildo palmero, ha pasado ya esta semana el trámite de ponencia en el Parlamento canario, y el próximo jueves será tratada en una comisión, tras lo cual irá al pleno de septiembre próximo, para su probación definitiva.
Las enmiendas introducidas por CC y PSOE, apoyadas también por PP y ASG, en la ponencia al texto de la iniciativa legislativa palmera han suscitado duras críticas de Podemos y NC, que la han llegado a tachar de “fraudulentas” al “modificar en su totalidad” el texto original y permitir la autorización, por parte de los cabildos, en razón de su interés estratégico, de equipamientos turísticos o de ocio en cualquier tipo de suelo, previstos o no en el planeamiento.
Tal es así que el portavoz de NC, Román Rodríguez, informó ayer de que ha pedido un nuevo dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre las enmiendas de CC y PSOE. A su juicio, “se amparará así de golpe y por la puerta de atrás la construcción de 33 hoteles y 5 campos de golf en La Palma, además de incluir ya 10 artículos de la futura Ley del Suelo”. Fuentes de CC indicaron que el número de equipamientos de ese tipo es sensiblemente menor.
Los cuatro grupos parlamentarios que apoyan el informe de la ponencia mantienen una visión muy diferente a la de NC y Podemos, y alegan la necesidad, ostensible en el caso palmero, de desbloquear proyectos planificados desde hace muchos años, pero paralizados por avatares judiciales del planeamiento insular, y que son necesarios para crear empleo en islas de vocación agraria con alto paro.
El diputado de CC-PNC Antonio Castro está convencido de que esta modificación legislativa “es la última oportunidad, y así lo cree el 90% de los palmeros, de que La Palma despegue, se evite la emigración de los jóvenes, porque no hay expectativas de trabajo, y pueda establecerse un modelo económico en el que se implique al sector primario en las rentas del turismo”. Castro recuerda el alto paro y el envejecimiento que sufre la isla, por lo que con esta nueva ley, según subraya, “se agilizarán” actuaciones turísticas que crearán empleo, “viabilizándolas directamente, sin más trámites de planeamiento en suelo rústico”.
“Muchos equipamientos turísticos, de ocio o alojativos, se podrán desbloquear, y los previstos en el plan territorial turístico de La Palma se declararán de interés insular. En el caso de hoteles, “básicamente son establecimientos de 40 plazas, excepcionalmente de hasta 200”, y todos “deberán pasar la evaluación ambiental e integrarse en el paisaje”.
En la misma línea argumenta Manuel Marcos Pérez, diputado palmero del PSOE, pues advierte de que “La Palma sufre una grave crisis económica, con un paro alarmante, y no se puede esperar más para crear empleo”. Se trata, explica, de “hacer viables actuaciones que el Cabildo considera estratégicas”, pero que tras 14 años con la vigente ley no se han podido desarrollar, porque además el plan territorial especial turístico fue suspendido por el Tribunal Supremo y más recientemente el plan insular de ordenación en la parte turística.
Niega el parlamentario socialista que la ley reformada vaya a amparar el desarrollismo, pues “el objetivo es implantar un modelo turístico sostenible, respetuoso con el paisaje, con un turismo complementario con el sector primario”, y recuerda que la estrategia turística insular la avalan los tres grupos mayoritarios del Cabildo y 12 de los 14 ayuntamientos palmeros.
Desde el PP, su presidente regional y diputado autonómico por La Palma, Asier Antona, defiende que la reforma de esta ley turística “es necesaria” porque las tres islas, como el resto del Archipiélago, “precisan de una legislación que no ponga trabas al desarrollo turístico y económico, sino todo lo contrario”. Arguye que el PP apoya las enmiendas introducidas a la iniciativa legislativa del Cabildo palmero porque “pretende poner a estas islas en la senda del crecimiento y despejar el camino de todo aquello que imposibilita crear empleo”.
Pero NC y Podemos mantienen una postura diametralmente opuesta. Para Román Rodríguez (NC), las enmiendas constituyen “un fraude de ley” y además prevé que “con la recalificación de terrenos para construir de golpe hoteles y campos de golf, La Palma se convierte en laboratorio de prácticas del modelo del cemento, del desarrollismo fracasado, de la discrecionalidad, de la colonización del suelo rústico, de la especulación y del pelotazo que promueve Clavijo con su Ley del Suelo”.
La diputada regional de Podemos Asunción Delgado observa también que las enmiendas de CC y PSOE “incorporan un nuevo instrumento de ordenación territorial, incluido en el artículo 124 del anteproyecto de la Ley del Suelo”, para permitir “sistemas generales, dotaciones y equipamientos turísticos, en cualquier clase y categoría de suelo, y al margen del planeamiento”.
Desde su punto de vista, “lo coherente es esperar al nuevo marco legislativo autonómico, porque el Gobierno ha anunciado que después de la Ley del Suelo presentaría en el Parlamento una nueva Ley de Turismo”.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos lamenta la “auténtica maraña normativa” de Canarias y subraya la importancia de “respetar los modelos turísticos de cada isla”, por lo que cree que se deben “potenciar y no poner trabas” a los proyectos que generen empleo
El presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana (PSOE), defiende que La Palma necesita medidas excepcionales para reactivar su economía. “En 15 años apenas hemos podido avanzar en desarrollo turístico y eso ha lastrado nuestro avance económico y social, dando lugar también a altas cifras de paro”, señala en una nota.
Por ello, muestra su satisfacción por la reforma de la ley turística que tramita el Parlamento a iniciativa del Cabildo palmero, porque “va a quedar en manos de los cabildos la aprobación de unos nuevos instrumentos de planeamiento que nos permitirán avanzar en el desarrollo económico”. Pestana aclara que las enmiendas de CC y PSOE a esta iniciativa legislativa han contado con la colaboración y la consulta de su Cabildo.