“El Gobierno desoye al Consultivo en las observaciones de mayor calado sobre la Ley del Suelo”

El arquitecto Faustino García Márquez, que coordinó la redacción de la Ley de Directrices, critica su derogación. A su juicio, con la legislación prevista "se culpa de todo a la Cotmac, sin diagnóstico, sobre la base de afirmaciones gratuitas y propagandísticas".
Faustino García Márquez, arquitecto, ex jefe de servicio de Ordenación del Territorio dle Gobierno canario y coordinador de la Ley de Directrices. / FRAN PALLERO
Faustino García Márquez, arquitecto, ex jefe de servicio de Ordenación del Territorio dle Gobierno canario y coordinador de la Ley de Directrices. / FRAN PALLERO

El arquitecto que coordinó a principios de los años 2000 la redacción de la Ley de Directrices de Ordenación General, Faustino García Márquez, critica que el Gobierno canario haya desoído al Consejo Consultivo al mantener la derogación de esta normativa en el proyecto de Ley del Suelo.

El exjefe del Servicio de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma lamenta que el Ejecutivo de CC y PSOE “sólo” haya asumido “tres de las 34” observaciones de legalidad de mayor calado hechas por el Consultivo, mientras que sí aceptó “34 de las 45 de carácter menor”.

Sobre la ya moribunda Ley de Directrices, García Márquez recuerda que el Consultivo advirtió, en su informe, de que derogarla, en lugar de revisarla, puede generar “inseguridad jurídica” por “vacío legal”.

Para este experto, “se deroga de un taponazo” una ley “que ordenaba de forma integrada el Archipiélago” con los principios del desarrollo sostenible, y se deja solo la previsión de futuras directrices sin rango de ley.

El exfuncionario sostiene que con el “vaciamiento” de poder del Gobierno canario, los informes de la Cotmac, que yo no aprobará de forma definitiva el planeamiento a ayuntamientos y cabildos, “sólo serán vinculantes para los planes generales e insulares” pero no para la planificación de los espacios naturales protegidos (que aprobarán los cabildos), ni para los nuevos instrumentos de ordenación que permitirán autorizar actuaciones y proyectos estén o no planificados en la ordenación territorial, con su mera declaración de interés insular o autonómico o con ordenanzas provisionales.

No menos crítico se muestra con que la evaluación ambiental de los planes se asigne a los propios ayuntamientos y cabildos. “¿Cómo puede uno autoevaluarse, cómo puede garantizarse que sean órganos independientes los que lo hagan, y dónde están en el organigrama municipal; y más tratándose de administraciones, esencialmente presidencialistas y centralistas?”, se pregunta.

Con respecto al suelo rústico, reprocha que se permita “cualquier uso que suponga una renta complementaria” al agrícola, con construcciones que podrán ocupar hasta el 15% de una explotación, “con lo cual en una platanera de 24 hectáreas se puede hacer un hotel de 400 camas”.

“Se romperán así los límites entre suelo rústico y urbano o urbanizable, poniendo en peligro, además de una forma especulativa, lo poco que queda cultivado, al poder construir lo que se quiera en suelo rústico y aumentando su precio”, observa el arquitecto grancanario,quien también avisa de que los asentamientos rurales podrán desbordarse en función de su crecimiento vegetativo.

“La Ley del Suelo viene sin diagnóstico, cambia cosas muy sustantivas sobre la base de afirmaciones gratuitas y frases de propaganda, como que la Cotmac es culpable de todo”, manifiesta García Márquez.

En suma, a su juicio, “con la Ley del Suelo hay una estrategia que le da coherencia en el peor de los sentidos para conseguir la desregulación del suelo, debilitando los controles administrativos, y dejando el territorio inerme a expensas de los proyectos que los especuladores quieran hacer”.

 

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