El consejero de Podemos en el Cabildo Insular de La Palma, Dailos González, ha denunciado en comisaría la presunta sustracción de documentación de carácter personal, en hechos que, de confirmarse sus sospechas, habrían tenido lugar en la propia Corporación insular. En la denuncia, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, se señala como supuesto responsable de los hechos a un administrativo contratado en su día como personal de confianza y que fue recientemente despedido.
Explica González en su relato ante las autoridades que ha reunido indicios sobre lo que considera “sustracción y copia de archivos digitales de carácter personal que se encontraban en un ordenador portátil y en memorias extraíbles, así como el robo de un pendrive”.
El relato de hechos firmado por el consejero de Podemos arranca con la pérdida de confianza que le motivó a despedir al administrativo aludido, por cuanto ocupaba una plaza de libre designación. Asegura que dio a dicha persona unos días para que esta persona recogiera “sus objetos personales y los archivos digitales del ordenador del despacho del que hacía uso”, detallando que contaban con dos en el grupo: un portátil que usaba el propio González y otro de mesa donde ejercía sus tareas el administrativo.
Cuando al fin González accedió a dicho ordenador, asegura en su denuncia que observó con sorpresa que en el listado de archivos consultados recientemente figuraba uno que solo estaba en el portátil. Ello le motivó -sostiene- a una búsqueda más exhaustiva, lo que condujo a encontrar “otros títulos pertenecientes a archivos que se encontraban no en el portátil, sino en varias memorias USB mías, incluyendo un pendrive que desapareció hacia el mes de febrero o marzo, y cuya pérdida atribuí en principio a un olvido o extravío persona, por lo que no presenté denuncia en su día”. El consejero incluso da detalles en la denuncia de la naturaleza del contenido de alguno de esos archivos y que no deja lugar a dudas que pertenece a su esfera privada.
Resta reseñar que González incluye la expresión “espionaje político” en su denuncia y que se da la circunstancia de que el administrativo en cuestión es miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en Canarias.
