El Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya aconsejaba hace dos años el cierre de los kioskos de la playa de Las Teresitas, tal y como se desprende del contenido de un oficio dictado en el marco de una investigación judicial en la que aparecía encartado (antes imputado) uno de los representantes de los quiosqueros, documento cuya copia obra en poder de este periódico. Aunque se desconoce los motivos de tal imputación y si la misma ha progresado procesalmente o se archivó desde entonces, el documento en cuestión resume una serie de irregularidades en los establecimientos aludidos.
Fue el Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital tinerfeña quien dictó el citado oficio con fecha del 30 de junio de 2015 dirigido hacia el Consistorio capitalino al objeto de requerir cierta documentación referente al tema que nos ocupa.
Como consecuencia de dicho oficio, la entonces Gerencia Municipal de Urbanismo, a cuyo frente se encontraba José Ángel Martín (PSOE), remitió al juzgado los informes solicitados que pudieron ser localizados (al parecer algunos no constan en poder del Ayuntamiento). Entre los mismos se cuentan dos expedientes sancionadores y dos informes realizados por el inspector sanitario con fechas de 2010 y 2011. En este último año consta que Disciplina Urbanística inició un expediente de cierre después de haber sido denunciados por la Dirección General de Costas. Añadir que el Ayuntamiento ordenó hace unos días el cierre inmediato de los nueve establecimientos al carecer de título habilitante para la actividad desarrollada.
Sin licencia de apertura o concesión administrativa como bar e invadiendo dominio público
El oficio dirigido por un juzgado santacrucero al Ayuntamiento capitalino ya hace referencia en junio de 2015 a que varios informes de la Sección de Inspección Urbanística recogían por aquel entonces que los kioskos de la playa de Las Teresitas presentaban numerosas irregularidades.
El documento recoge que tales establecimientos “carecen de licencia de apertura, de concesión administrativa que autorice el uso de bar que se viene ejerciendo, que se ha infringido el requisito de comunicación previa de actividad clasificada y que sus instalaciones invaden el dominio público marítimo terrestre”, además de que en los mismos aconsejan “incoar expediente para el cese de actividad clandestina y sancionador por infracción muy grave”.
Un dato más: el juzgado estaba interesado en conocer la identidad de los responsables de las áreas municipales implicadas desde 2005 y si se había expedientado o sancionado a los kioskos con anterioridad.
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