La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado 15 meses de prisión, el mismo tiempo para ejercer el derecho de sufragio, y tres años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público, para el exconcejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz Luis Miguel Rodríguez (PP), por haber gastado 9.304 euros de su teléfono corporativo, que debió asumir la Corporación municipal. El acusado deberá además abonar las costas procesales.
Según el escrito de la Fiscalía, Rodríguez realizó en 2011 un total de 2.496 llamadas a un número privado, 130 de ellas con una duración superior a media hora que se producían a cualquier hora del día y de la noche, tanto en días laborables como sábados, domingos y festivos, teniendo todas ellas una naturaleza “estrictamente privada y totalmente ajena al ejercicio de su cargo y a las funciones derivadas del mismo”.
El fiscal entiende que estos hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, previsto y penado en el artículo 434 del Código Penal. Cabe recordar que Rodríguez reintegró al Ayuntamiento 6.000 euros.
Estas son las conclusiones de la Fiscalía antes de la celebración del juicio oral en la que se citan a dos testigos, la usuaria del teléfono al que se hicieron las llamadas, con domicilio en Santa María de Guía, en Gran Canaria, y al alcalde de la ciudad en el mandato correspondiente, Marcos Brito, fallecido en octubre de 2014.
Rodríguez, que declinó hacer declaraciones a este periódico, realizó ese gasto el año que el Consistorio restringió las llamadas y fijó un límite mensual de 50 euros.
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