El líder de la trama’Gürtel’, Francisco Correa, acaba de dar el dato exacto de cómo se financió el Partido Popular durante años: “A mi los empresarios me daban la licitación que querían, yo se la entregaba a Bárcenas y él hacía las gestiones con el oportuno Ministerio. Si se conseguía la obra, yo le llevaba el 2 o 3% de la obra a Génova”, ha confesado. Así, Correa ha relatado que no sabe calcular cuánto dinero entrengó al PP a cambio de favorecer a empresarios en obra pública, desde obras de AVE, carreteras, autopistas, medio ambiente. “No sé la cantidad de dinero exacta que he llevado al PP correspondiente a haber gestionado obras. No lo tengo contabilizado”, ha señalado.
Al inicio de su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional, el empresario ha confirmado no obstante las dádivas recibidas por otros excargos populares como el extesorero Luis Bárcenas, los exconsejeros Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado, el exdiputado Luis Merino y los exconcejales Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega.
A preguntas de la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell, Correa comenzó señalando que iba a reconocer los hechos que se le imputan en esta pieza de ‘Gürtel’ si bien también quería “intentar esclarecer otros que están en este escrito y que no obedecen a la realidad”. En este momento ha exculpado a Galeote del cobro de dádivas.
Correa ha reconocido que pagó gastos para las campañas electorales del PP en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid), si bien sus empresas no se crearon “para delinquir con el PP ni ningún otro partido”. De hecho, al inicio de su actividad su empresa tuvo relación con personas del PSOE, “cercanas” al expresidente del Gobierno Felipe González como Julio Feo, que fue su director de comunicación.
Anticorrupción pide para Correa 125 años y un mes por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas.
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