El deslinde en la playa de Las Teresitas, tanto el nuevo como el viejo, está en el origen de todos los males del edificio de aparcamientos a medio terminar en la cabecera de playa, el conocido como mamotreto. En 2006 cuando se empezó a construir, ya estaba en discusión el deslinde. Entonces, tal y como recuerda el concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, ATAN denunció que mientras no se dirimiera este límite entre lo público y lo privado no podía iniciarse obra alguna. La respuesta del por entonces gerente de Urbanismo de Santa Cruz, José Tomás Martín, fue que, al tratarse de una obra pública y de interés general no se le aplicaba esa máxima, tal y como recogió DIARIO DE AVISOS en su edición del 26 de julio de 2006. La obra siguió y acabó con la ya conocida sentencia de derribo. Ahora, el mismo argumento sirve para dejarlo en pie (de momento), puesto que es el que ha utilizado la viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para denegar el permiso al Ayuntamiento para que inicie las obras de derribo. Ayer mismo, el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, avanzaba que la Dirección General de Costas espera tener terminado antes de final de año el deslinde de la playa de Las Teresitas, lo que, a priori, serviría para que la viceconcejería autorizara la demolición. Hernández Bento también señaló que, en principio, no tiene cambios sustanciales con respecto al vigente, declaraciones que recoge la agencia Efe haciéndose eco de las hechas por el delegado en la Cadena Cope.
El concejal de Infraestructuras de Santa Cruz, José Alberto Díaz-Estébanez, afirmaba ayer que estas últimas declaraciones no cambian en nada la posición municipal, que no es otra que dar cumplimiento a la sentencia siguiendo los procesos que la ley marca para ello. Eso sí, matizó que, “si lo más conveniente, por seguridad jurídica, es esperar a que finalice definitivamente el deslinde para articular asi todo el proceso administrativo, eso haremos”. Y es que la situación en la que se encuentra inmerso el Ayuntamiento no deja de ser paradójica atendiendo a cómo se ha desarrollado el proceso para ejecutar la sentencia de derribo. Después encargar el proyecto, recibirlo y tenerlo listo para adjudicar (con tres requerimientos judiciales de por medio exigiendo el derribo inmediato), de las tres administraciones a las que debía pedir permiso el Ayuntamiento, la única que lo deniega es el Gobierno de Canarias. El Cabildo dio su visto bueno y Costas, sorprendentemente para el Consistorio, según admitió el concejal de Infraestructuras, “nos responde que no tiene nada que informar porque en el terreno municipal no se mete, es decir, que no hay nada en dominio público que demoler”. El edil en este punto reflexiona en voz alta: “Si no hay nada que demoler es porque no hay nada construido y entonces me pregunto cuál es le delito cometido”. “Pero eso ya no importa”, añade.
La respuesta dada por el Gobierno de Canarias fue trasladada a la jueza encargada de la ejecución del fallo sobre el edificio, que ha pedido a la viceconcejería que fundamente cómo esa premisa se impone sobre la ejecución de una sentencia firme. Observación esta coincidente con la que hizo el propio Ayuntamiento, según detalló a este medio, Díaz-Estébanez, antes de conocer la última providencia. “Le respondimos a la viceconcejería que consultara con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma porque a nuestro juicio una sentencia firme tiene preeminencia sobre un procedimiento habitual como es el de un deslinde”.
La jueza también se ha dirigido a Costas para que aclare si es posible autorizar de manera expresa el derribo sin tener el deslinde definido. El portavoz de CC en Santa Cruz lamenta que se les haya acusado de querer retrasar la sentencia cuando pidieron personarse en el proceso de ejecución y exigir a Costas que fijara la nueva línea de dominio público, “y ahora estamos en esta situación”, remarca. Sobre la negativa expresada por el Gobierno regional, insiste el edil en que, “al margen de la puridad técnica del argumento, una sentencia firme tiene preeminencia sobre cualquier otro procedimiento”.
“Hay que tirarlo”
El edil utiliza un símil futbolístico para describir la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento. “Ya no discutimos lo anterior, en el partido del domingo pitaron un penalti y no voy a estar discutiendo eternamente si fue o no, y el penalti hay que tirarlo, podrá ser injusto, fuera del área…, pero lo cierto es que la parte de opinar acabó, hay una sentencia y hay que ejecutarla y la forma de hacerlo es con los procedimientos que marca la ley”.
Recuerda el edil que “si nosotros actuáramos sin autorización de la vicenconsejería cometeríamos el mismo delito por el que se acabó fallando el derribo del edificio”. El edil explica lo curioso de esta situación y es que, “ahora, con la sentencia en la mano y la no autorización tendríamos que demoler el 90% del edificio al que no afecta la sentencia, que no es objeto del delito. Podríamos empezar a demoler todo lo demás, hacer un nuevo proyecto para derribar lo que no tiene importancia y dejaríamos en pie el presunto objeto del delito”. Díaz-Estébanez insiste en la predisposición municipal a tirar el mamotreto. “Para que no quede duda alguna, incluiremos en el presupuesto de 2017 la partida total aún a riesgo de que ese dinero no se gaste ahí porque hayamos empezado antes o la licitación sea menor. Cumpliremos con nuestro deber”.
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