El exgerente de Sinpromi pide que su imputación sea sobreseída

El exgerente de la empresa insular Sinpromi, Víctor García, ha solicitado que su imputación por malversación queda sobreseída. Esta reclamación la lleva a cabo en su recurso de apelación al auto judicial de 19 de septiembre, en el que se le imputa el mencionado delito en el caso del presunto desfalco detectado en las cuentas de la entidad dependiente del Cabildo tinerfeño. Entre los motivos a los que alude el letrado de García en el documento, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se recoge la “ausencia de infracción penal en la conducta que se le imputa”.

El texto recuerda que García, junto a la exconsejera delegada, Carmen Rosa García Montenegro, presentaron la denuncia el 23 de octubre de 2014 en la Policía Nacional, tras detectarse las irregularidades en las arcas. También tacha de “sorprendente” el cambio procesal hacia Víctor García, que pasó de ser llamado a declarar como testigo a investigado por presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, “al haber actuado con negligencia”, en diciembre de 2015.

En el recurso de apelación se acusa de una posible “infracción del principio de neutralidad procesal y el derecho a la tutela judicial efectiva”. De hecho, se reflejan algunos indicios que, entiende García, “se han omitido”, como declaraciones de los trabajadores de la entidad en las que manifiestan no haber comunicado al exgerente que se estaban detectando irregularidades. También se refleja como “indicio objetivo de carácter exculpatorio los informes de la auditoria contable de la entidad”, en lo que se daba la conformidad a las cuentas.

Otro de los “indicios” recogidos es que “la administración ordinaria de la empresa no la ostentaba el exgerente, sino que estaban expresamente delegada en la consejera Carmen Rosa García Montenegro”. Por ello, asegura que se ha producido “un auténtico agravio comparativo en la aplicación de la norma”. “Con ello no estamos afirmando que García Montenegro debería estar también imputada. Lo que pretendemos es precisamente todo lo contrario, poner de manifiesto que mi defendido tampoco debería estar imputado”, afirma el letrado.

Por último, el recuso de apelación alude a un error en la aplicación del derecho y a que el “presunto el delito de malversación carece de fundamento”.