A punto de que la nueva Ley del Suelo eche tierra sobre la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), la desmotivación entre los trabajadores adscritos a este organismo de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad provoca una fuga de cerebros ante la falta de perspectivas. Les asalta una inquietud que viene de lejos. “Los responsables políticos justifican determinados desaguisados hechos por ellos mismos a través de la acción de los funcionarios”, se queja Domingo Hernández, técnico de la Cotmac y presidente de la mesa del funcionariado de los servicios territoriales de la Administración General de la Comunidad Autónoma en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Últimamente se han ido al menos “tres arquitectos y dos abogados”.
En la Dirección General de Ordenación del Territorio, el órgano técnico-jurídico que da soporte a la Cotmac, hay alrededor de 85 empleados. De estos, unos 40 (jurídicos y técnicos) se dedican a fundamentar los informes destinados al director general, que hace su propuesta y la eleva a la ponencia previa.
Tal como describe el reglamento de organización y funcionamiento, la comisión se estructura en un pleno y dos ponencias técnicas: una por las islas occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y otra por las orientales (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura). Será única cuando la incidencia afecte a las dos áreas. Desde 2005, la ponencia técnica prescinde de los funcionarios de la propia consejería, de tal manera que “se limitan a hacer los informes preparatorios”. A veces se reclama su presencia “a los solos efectos de exponer el tema”.
No niegan la existencia de un “maremágnum” de normas, pero se rebelan contra el estigma de que toda la culpa recae en los empleados públicos. “Nosotros también hemos sufrido los perjuicios de eso que llaman maraña burocrática”, expone Domingo Hernández. “Y nos vemos en serias dificultades a la hora de cumplir nuestros cometidos”. Identifica un problema de “cantidad y mala calidad” de las leyes: “Son las herramientas, como un carpintero al que le piden que haga muebles con un destornillador de punta rota, un serrucho desdentado y ten cuidado con aquello porque te puedes cortar. En ocasiones nos vemos apurados para resolver ese tipo de incoherencias”. Además, muchos de los defectos de diligencia los achaca a una escasez de personal “crónica”. En consecuencia, rechaza “la máxima de que la Cotmac no funciona, que es una instancia inquisitorial y que está compuesta por una serie de funcionarios que adoptan disposiciones discrecionales, lo cual no es cierto”. Hernández constata que los funcionarios reciben “presiones políticas, más o menos veladas”, porque son asuntos “muy delicados y se juegan muchas cosas”. Por eso, añade, “no todos quieren ir” a la Cotmac. “Sabemos a lo que nos exponemos y somos conscientes de que hay que estar muy preparados”. Aunque admiten su cuota de responsabilidad -“No somos unos santos”-, impugnan las “meteduras de pata ajenas”.
A juicio del delegado de Sepca, “en la historia de las leyes del suelo en Canarias no se ha calibrado políticamente si la sociedad está preparada para seguir esa acción ni tampoco la capacidad de la maquinaria administrativa para culminar todos estos procedimientos, trámites, etcétera”. Hernández concluye que “hay pocos medios en los ayuntamientos, los planes cuestan bastante dinero y algunos cambios políticos paralizan el planeamiento”.
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La Administración autonómica se desapodera de competencias
Con el proyecto gubernamental, la Administración autonómica se desprende de muchas competencias (como la aprobación de los planes de ordenación de los municipios de Canarias y los planes insulares). Deja la mayoría de las atribuciones en poder de los ayuntamientos y los cabildos, y se reserva unas decisiones de carácter regional.[/su_note]
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