El despliegue de la ley canaria de Transparencia y de Acceso a la Información Pública se completó hace poco más de un año. Sin embargo, su nivel de cumplimiento no es homogéneo entre todos los sujetos obligados por la normativa. En concreto, a las entidades privadas que perciben ayudas o subvenciones en una cuantía superior a los 60.000 euros anuales o que representan el 30% del total de sus ingresos, con un mínimo de 5.000 euros, les está costando aplicarse el cuento de explicitar las cuentas y de publicitar sus actividades. Esta categoría engloba a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG de cooperación, los organismos deportivos, culturales o fundaciones.
Ante esta realidad, el Gobierno regional se ha propuesto realizar una “acción pedagógica, formativa, orientadora, divulgativa y concienciadora” para que esas entidades “se impliquen de una forma absolutamente normal, nunca excepcional”. Esta la idea la trasladó al DIARIO Teófilo González, director general de Transparencia y Participación Ciudadana, en un descanso de la jornada de sensibilización dirigida al personal de las administraciones de la Comunidad Autónoma. “Si bien Canarias ha dado pasos firmes en el desarrollo de esta vertiente del derecho a la información, nos queda mucho camino por recorrer”. González destacó la relevancia del portal de transparencia; que, como vehículo de la publicidad activa, “ofrece un montón de datos en materia económico-financiera, de contratación, subvenciones, ordenación del territorio, retribuciones de los altos cargos…”. Además, en Canarias se han abierto otras tres vías para que la ciudadanía encuentre los contenidos que busca: presencial (en los registros, rellenando un formulario o pidiéndolo oralmente ante el empleado público); solicitándolo telemáticamente (a través de internet) y por teléfono (la única ley autonómica que lo recoge expresamente). “Aunque las herramientas son en muchos casos complejas, estamos en una fase avanzada de implementación”.
Durante la improvisada charla con este periódico en el salón de actos de Cajasiete, también intervinieron Guzmán Garmendia Pérez, impulsor de la Ley de Transparencia de Navarra y actual diputado del PSOE en el Parlamento foral, y Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla. “Están fijadas las reglas del juego y ahora hay que iniciar la partida”, ilustró este experto. “La transparencia es básica en todos los momentos, pero nos acordamos más en etapas de crisis. Junto al mecanismo en la lucha contra la corrupción, otra faceta vital es la de facilitar la participación ciudadana y un Gobierno colaborativo”.
Garmendia echa de menos una mayor participación de la sociedad civil y, sobre todo, que la parte política “se lo crea, le aporte alma, que los políticos lo interioricen y lo apliquen en todas sus esferas”. No por “imposición”, precisó, sino por “convicción”.
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Más de 300 empleados públicos, en unas jornadas formativas
Con el objetivo de que los empleados públicos de las administraciones canarias conozcan sus responsabilidades en transparencia y acceso a la información, el Ejecutivo autonómico reunió el lunes y el martes en ambas capitales a más de 300 interesados.
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