El exjefe del Servicio de Ordenación del Territorio del Gobierno canario y coordinador en su día de la Ley de Directrices, Faustino García Márquez, valora como “muy importantes”, pero aún “indeterminados y con mucha gama de grises”, los cambios acordados en el proyecto de Ley del Suelo entre CC y PSOE, por exigencias de este partido.
En este sentido, el arquitecto calificó de “avance sustantivo” que un órgano dependiente del Gobierno canario mantenga la competencia de la evaluación ambiental estratégica, pues en el proyecto de ley la Cotmac perdía esa competencia y la daba a las corporaciones locales, y ahora existe el compromiso de desandar esa modificación.
Sin embargo, advirtió de que en la redacción de este nuevo acuerdo político tal control autonómico solo se aplicaría a los planes generales de los ayuntamientos, pero no a los planes insulares, que elaboran los cabildos. “Eso es un fallo, que unos se autoevalúen, y otros no; el evaluador debe ser un organismo público distinto”, apuntó el arquitecto grancanario.
También ve positivo García Márquez que CC y PSOE hayan pactado mantener la actual regulación de los espacios naturales protegidos, para no consolidar en ellos el uso residencial.
Más difuso ve el compromiso de CC ante el PSOE sobre la Ley de Directrices de Ordenación, ya que García Márquez cree que “no deberían derogarse, sino conservarse todas y mandatar en la Ley del Suelo al Gobierno a revisarlas, algo que debió hacerse hace tres años”.
Ahora, los socios del Ejecutivo se comprometen a mantener vigentes con nivel reglamentario las directrices no contempladas en la futura ley. “¿Cuáles y con qué nivel?”, preguntó el exfuncionario, que se ha alineado con la plataforma contraria a esta reforma legislativa tal cual está redactada.
Sobre al acuerdo entre CC y PSOE de que los usos en suelo rústico se asocien a la actividad agrícola y pecuaria, García Márquez estima muy “indeterminado” este enunciado, habida cuenta de cómo el proyecto de ley abre la mano a nuevos aprovechamientos en el mundo rural con la justificación de asegurar un complemento de renta a las actividades del sector primario.
“Algunas transacciones se harán entre los grupos políticos en el trámite parlamentario, y veremos cómo se plasman estas promesas de arreglar algo el proyecto de ley, pues no se sabe cómo quedará la criatura”, ironiza el exfuncionario.
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