Las primeras quinientas denuncias individuales contra la Ley de Modificación de la 6/2002, sobre el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro, llegaron este viernes a la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Con tal motivo, la plataforma Canarias por un Territorio Sostenible convocó una rueda de prensa en la sede de UGT. Junto al redactor de la queja múltiple, el profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna Santiago Pérez, asistieron el secretario general del mencionado sindicato en las Islas, Gustavo Santana; el insular de CC.OO. en Gran Canaria, Antonio Pérez, y representantes de colectivos ecologistas. “Se trata de formular una demanda contra el reino de España por grave incumplimiento de obligaciones derivadas de los tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión Europea”, explicó el político tinerfeño en una conversación telefónica con el DIARIO.
La proposición de ley promovida por el Cabildo de La Palma “se transformó completamente” durante la tramitación parlamentaria, después de que el Consejo Consultivo dictaminara sobre la iniciativa que había sido tomada en consideración. “Después, los grupos del Gobierno y el PP presentaron una batería de enmiendas que cambiaron en profundidad el objeto de la ley y su alcance, hasta el punto de que tuvieron que alterar el título y la exposición de motivos”. Con esta maniobra, resaltó Santiago Pérez, “buscaban incrustar en el texto legislativo el mecanismo principal que pretende establece a través de la Ley del Suelo”. Se refiere al “interés singular”, unos instrumentos de planificación para “autorizar un proyecto concreto, insular o municipal”. Desde esa perspectiva, “el planeamiento pierde su fuerza jurídica, porque puede ser derogado en cualquier momento para utilizar un proyecto concreto envuelto como si fuera un plan singular de ordenación”. En el trasfondo del asunto se encuentra la idea de “normalizar a través de una norma con rango de ley una serie de equipamientos turísticos estructurantes, entre los que hay cinco campos de golf en espacios naturales protegidos de La Palma”. Ya “lo intentaron”, rememora el exdiputado regional del PSOE, “con el plan territorial especial de ordenación de turística de La Palma, anulado por el Tribunal Supremo” en mayo de 2015.
“Va directamente en contra del derecho medioambiental europeo y del derecho español”, que traslada al ordenamiento jurídico nacional las directivas comunitarias, “atenta contra la participación ciudadana en la elaboración de los instrumentos del planeamiento y menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Al final del camino está el Tribunal de Justicia de la UE.
Gustavo Santana: “Pone en riesgo la cohesión territorial, social y económica”
Hace dos meses, Comisiones Obreras y UGT denunciaron ante la CE la denominada ley turística de islas verdes, al entender que la tramitación estuvo “plagada” de irregularidades. “Pone en riesgo la cohesión territorial, social y económica”, insiste Gustavo Santana.
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