La defensa de Miguel Zerolo, que ejerce el letrado Jorge Muñoz, reiteró ayer su petición de que su representado sea absuelto en el caso Las Teresitas y argumentó tal solicitud reiterando, entre otros conceptos, que el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife actuó en beneficio de la ciudad para evitar que no se construyera en el frente de la playa y negó que hubiera comunión de intereses alguno entre los entonces rectores municipales capitalinos y los empresarios, lo que probaría el hecho de que la exarquitecta municipal Pía Oramas (cuyo tasación de los terrenos por tres veces menos de lo que se pagó es clave para la acusación) reconoció durante el juicio que se le encargó tal informe para dar consistencia a una negociación a la baja.
La intervención de Muñoz en la vista que celebra la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife cerró la doble sesión de ayer, en la que también intervinieron activamente los letrados Juan Manuel Fernández del Torco, Jorge García Prieto, Ladislao Díaz y Eduardo García Peña, abogados del exgerente de Urbanismo José Tomás Martín, el entonces portavoz socialista Emilio Fresco, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, respectivamente.
Como era previsible, el denominador común de las defensas pasa por la libre absolución de sus representados y la negación del relato efectuado por la Fiscalía, que solicita penas de cárcel para nueve de los trece encartados inicialmente por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
También hubo continuas alusiones a las consecuencias negativas que para los acusados y sus familias tiene la llamada pena de telediario y, como novedad respecto a lo ya conocido, las referencias a las razones dadas por el Ministerio Público para exculpar al exinterventor y al exsecretario municipal. Otro tema recurrente en las alegaciones que podría tener una especial trascendencia en caso de sentencia condenatoria es la concurrencia o no de una circunstancia modificativa de la responsabilidad, las dilaciones indebidas, ya que en caso de apreciarse plenamente llevaría consigo una importante rebaja de las penas. Sirva como clarificador ejemplo un hecho: los ocho años de cárcel (máximo de lo solicitado por la fiscal) pasarían a ser solo dos años
Respecto a la intervención del abogado de Zerolo, apuntar de forma suscinta varias ideas expresadas por el letrado. Por una parte niega radicalmente que se pagará por encima de lo debido, aunque apuntó que si así fuera se hizo en respuesta al sentir mayoritario de los vecinos en contra de la edificación en el frente de playa, lo que lleva implícito la negación del dolo, que grosso modo es la voluntad deliberada de cometer un delito y es imprescindible para apreciar la existencia de un delito de malversación. También recordó que los beneficios aparejados a la parcela hotelera que se reservó el Ayuntamiento cuando compró los terrenos (una operación luego anulada por el Tribunal Supremo) compensan el desembolso realizado por los mismos. El abogado resaltó continuamente lo que entiende como puntos débiles de la argumentación acusatoria, tanto desde la perspectiva de las tasaciones (insistió en que el sorpresivo informe alternativo de Tinsa no debió sumarse a la causa) y negó falta de transparencia ya que hubiera sido imposible ocultar datos relevantes en un tema con tanta trascendencia pública como el que nos ocupa. Resta añadir que si la fiscal incluyó el pasado miércoles referencias a la fallida investigación por cohecho, Muñoz rechazó las mismas, a tal punto que explicó de nuevo que la famosa lotería ganada por Zerolo eran una conjunta con los rectores del Casino Taoro en Navidad y, con los beneficios de ésta, compró para el sorteo de El Niño un número que su padre juega “desde hace veinte años”.
Por lo que respecta a Fernández del Torco, basó su defensa en que su cliente (José Tomás Martín) no era competente en la custodia del expediente del convenio de compraventa de los terrenos, y por ende no es responsable de que en el mismo no se incluyeran los tres informes que valoraban el precio de las parcelas en una cantidad muy inferior a la pagada. Tras lamentar que Tomás esté sentado en el banquillo de los acusados por intentar “aclarar la situación y saber más que los demás”, recordó que el gerente de urbanismo es un cargo de libre designación, lo que hace que este puesto de trabajo no sea “un instrumento en manos del político que te ha nombrado”, insistiendo en que no cabe deducir interés alguno por su parte en la suerte del mismo.
En la sesión matutina intervino García Prieto, que ve inexplicable que su defendido (Emilio Fresco) no haya sido exculpado de una acusación que, entiende, ni una sentencia absolutoria podrá devolver del todo su honorabilidad a ojos de la sociedad tras diez años imputado. El letrado García Prieto reiteró su incredulidad ante las acusaciones de la fiscalía y de la acusación popular y explicó que si votó a favor de la compraventa en un pleno municipal fue a cuenta de los informes favorables realizados por el exinterventor y el exsecretario municipal de entonces ya excluidos de acusación alguna por este caso. “Se está premiando al engañado” al retirárseles los cargos a esos dos funcionarios, pero “se castiga al doblemente engañado”, se quejó García Prieto.
En cuanto a Ladislao Díaz, dijo sentirse sorprendido porque su cliente, Víctor Reyes, sigue encartado cuando se ha exculpado a su superior (el exsecretario general), del que dijo que era quien conocía mejor “las vicisitudes” de Las Teresitas. La participación de Reyes, sostuvo, se limitó a la realización de un informe sobre la posibilidad de expropiación de los terrenos y otro valorativo sobre las distintas tasaciones externas, además de participar en la redacción del convenio de compraventa junto al jefe de planeamiento municipal, Epifanio Gómez, y el arquitecto Fernando Senante, ninguno de ellos imputado.
Por último, Eduardo García Peña, abogado de Manuel Parejo, puso el énfasis en que la acusación de este caso no se entiende sin cohecho, “y cohecho no hay ninguno”. Sostuvo igualmente que “es un suflé que se viene abajo” y “un castillo de naipes que se derrumba”. Ante la falta de pruebas, apuntó el letrado, la fiscalía resuelve todo diciendo que hubo “una trama delictiva”, pero aseguró que su cliente no se levanta una mañana y tira por la borda su vida y su carrera para hacer ricos a unos empresarios.
“Nunca se ha podido investigar tanto a tantas personas sin haber podido encontrar nada”, pese a la “desesperación procesal” de la fiscal por encontrarlo, dijo el abogado en relación al cohecho, y afirmó que “cuando se persigue el dinero siempre se encuentra su rastro”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas