El Tribunal Supremo (TS) desestimó el recurso de casación de Francisco Javier del Rosario Fuentes contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2016 dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en la causa seguida por un delito agravado contra el medio ambiente, por lo que se convierte en el único arenero, de los cuatro juzgados, que entrará en prisión al mantenerse la pena de tres años de privación de libertad y además la obligatoriedad para Áridos del Atlántico de restaurar el daño ecológico causado por la extracción.
Del Rosario fue el único de los cuatro acusados por las extracciones ilegales que no aceptó una sentencia de conformidad, como sí hicieron Plasencia, Morales y Sicilia. A diferencia del resto de condenados, que lograron una rebaja gracias al acuerdo con la Fiscalía y el abogado de los denunciantes, Carlos Álvarez, el responsable de Áridos del Atlántico SL será requerido la próxima semana para entrar en la cárcel al superar el fallo los dos años de pena y no poder acogerse a la suspensión para castigos inferiores. Ante esta sentencia cabría recurso de amparo ante ante el Tribunal Constitucional, pero nunca suspendería la ejecución del fallo.
El Tribunal Supremo tumba todos los argumentos esgrimidos por Del Rosario y los distintos abogados que ha tenido durante el proceso en su escrito de recurso: quebrantamiento de forma, error en la apreciación de la prueba o la vulneración de la presunción de inocencia, entre otros. La Sala de lo Penal, a lo largo de una sentencia de 54 folios, rechaza cada una de las alegaciones del empresario y da validez a las conclusiones a las que llega la Audiencia Provincial.
Del Rosario no llegó a un acuerdo de conformidad como los otros tres areneros porque trataba de demostrar que él no era el administrador único de la empresa Áridos del Atlántico, algo que desmontó la acusación.
Carlos Álvarez, acusación particular
Aparte de la cárcel para Del Rosario, el castigo más destacado que recae sobre los cuatro areneros condenados es la restauración del equilibrio ecológico perturbado, que los peritos judiciales valoraron inicialmente en 208 millones de euros. En este sentido, Carlos Álvarez, que ejerce la acusación particular, señaló ayer que “esta sentencia debe hacer recapacitar a la fiscal para que ninguna ley canaria la pueda variar y además marca que los condenados deben pagar la fianza fijada al no aceptarse sus planes de restauración”.
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