La historia del hotel abandonado de Añaza se remonta a 1973, cuando una empresa alemana compró la parcela que entonces pertenecía al municipio de El Rosario. Al calor de la expansión turística que estaba viviendo el Archipiélago, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, se levantó el edificio de 21 pisos de altura destinados a lo que hoy serían apartamentos de tiempo compartido (time sharing). Con la misma rapidez que aparecieron y construyeron, apenas un año después, sus propietarios desaparecieron, esta vez azuzados por la crisis del petróleo que estaba en pleno auge y que hizo que las inversiones se resintieran. Más de 40 años después y con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a su derribo, la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz anuncia que, en 2017, iniciará los trámites para “restablecer la legalidad” o lo que es lo mismo, acometer su derribo a través de una ejecución subsidiaria.
Tal y como explicó el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, lo primero que se va a abordar es el estado en el que se encuentra el expediente de este edificio que, añadió el nuevo gerente del área, Roberto Remiro, al tratarse de una construcción a medio terminar ya la convierte en una infracción urbanística. “Por tanto hay que abrir un expediente y ordenar, bien que se complete si tiene una licencia que no ha vencido, o bien ver si puede obtenerla de nuevo. En este caso obviamente está caducada por tanto lo que toca es el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad”.
Antes, tienen la obligación de localizar a los propietarios del inmueble, algo que hasta el momento ningún otro concejal ha conseguido. “Tenemos noticias de que podrían estar entre Austria y Alemania”, detalla Garcinuño, quien aclara que la ejecución subsidiaria se llevará a cabo si no se les puede repercutir el coste a los propietarios o si finalmente no se les encuentra.
Remiro apunta que para recuperar la inversión que supondrá tirar el hotel (en el mandato anterior se calculó que superaría el millón de euros) se optaría por “embargar el suelo”. Según el gerente de Urbanismo “el suelo sí lo puedes embargar, en principio para subastarlo, pero si no tiene ningún tipo de aprovechamiento lucrativo no lo puedes subastar porque nadie compra algo que no se puede hacer nada encima así que habría qué ver cuáles son las opciones”.
Hay que recordar que este hotel está construido en servidumbre pública, por lo que es con Costas y con el Gobierno de Canarias con quien el Ayuntamiento tendría que negociar los posibles usos de ese suelo en caso de quedárselo el Consistorio.
La realidad es que, sea cuál sea la fórmula, no será el próximo año cuando se afronte la demolición de un esqueleto de hormigón que, según los informes técnicos, se mantiene casi en perfectas condiciones, tanto es así que, confirmó Garcinuño, que hay empresarios que se han interesado por la edificación para comprarla, algo que es imposible ya que la sentencia del TSJC de 1998 establece que el edificio invade zona de servidumbre marítimo-terrestre y por lo tanto hay que demolerlo.
Un Plan Especial
Tal y como explicó a DIARIO DE AVISOS el que fuera anterior concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, en marzo del año pasado, la sentencia que obliga al derribo del hotel fue incorporada al Plan General de Ordenación (PGO) casi en su literalidad, un fallo que viene a decir que se tiene que redactar un plan especial en el que se contemple la demolición del edificio y la rehabilitación de la costa de Añaza. Por tanto, el Plan Especial del Parque Marítimo de Añaza, que el actual concejal de Urbanismo anunció se empezará a redactar en 2017, permitirá que el Ayuntamiento acometa la demolición del hotel, una cuestión que, insistió el concejal, no promete que se pueda hacer el próximo año.
Un demolición que ya se avanzó en el mandato pasado y que nunca llegó a ejecutarse
José Ángel Martín, concejal de Urbanismo en el mandato pasado, explicó que la demolición del hotel necesitaba de la redacción de un plan especial , porque así lo establecía la sentencia del TSJC, una elaboración que no tendría que llevar más de dos años. Una vez hecho se debía iniciar la notificación a la propiedad para, a continuación emitir una orden de ejecución para derribar el edificio. Si no contestan, se publica en el boletín, y entonces, se podrá redactar una orden de ejecución subsidiaria, con el correspondiente mandamiento judicial de entrada, porque sigue siendo una propiedad privada, para después asumir esos costes de la demolición. La forma que Martín encontró para recuperar el coste del derribo fue a través de un expediente de dominio para quedarse con el terreno. Entonces, Martín tenía claro que cuando se incoara ese expediente de dominio, los dueños aparecerían.
En ese cronograma que parece que la actual Gerencia pretende retomar, el siguiente paso es retomar la ejecución del Parque Marítimo de Añaza porque lo único que se puede hacer en esa zona son instalaciones destinadas al uso recreativo, de ocio y comercial, por lo que se pensó en una concesión como solución para cubrir el coste del derribo. El concesionario, a cambio de asumir el coste del derribo, podría desarrollar los usos del Parque Marítimo de Añaza.
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