El arenero Francisco Javier del Rosario tendrá que esperar al indulto en prisión

Francisco Javier del Rosario, el único de los cuatro empresarios areneros condenado a pena de cárcel en el llamado caso Áridos, por no aceptar como los otros tres (Antonio Plasencia, Enrique Morales y Pedro Sicilia) el acuerdo de culpabilidad que le rebajaba la misma para no entrar en prisión, lo hará en breve en Tenerife II tras serle denegada ayer, por la Audiencia Provincial, la petición de suspensión de la ejecución de sentencia, tras haber solicitado el pasado 12 de enero, hasta por tres vías diferentes, la concesión de indulto.

Aunque el condenado todavía puede recurrir -un mero trámite, según el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez-, lo cierto es que Francisco Javier del Rosario Fuentes tendrá que esperar en la cárcel a que el Consejo de Ministros decida concederle o no el indulto solicitado, un procedimiento que oscila entre un mes y un año. El joven arenero, que heredó la empresa de su padre, Julio del Rosario, y de la que era administrador único, pese a que él lo negó en el juicio oral, fue condenado en el mes de abril -sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo- a tres años de cárcel, a una multa que ya pagó (3.073 euros) y a restablecer antes de dos años (como los otros tres areneros condenados a 15 meses de cárcel, que no cumplirán por no tener hasta entonces antecedentes penales), el daño ecológico causado por la extracción ilegal de áridos en las canteras de El Llano II y El Fregenal propiedad de Áridos del Atlántico, empresa también sujeta a una multa millonaria por responsabilidad civil a pagar al Ayuntamiento de Güímar.

Exigen la desintoxicación y restauración de la cantera Las Rosas

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La Asociación para la defensa de los barrancos de Güímar Saturnino García solicita el rápido cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en la que se condena a Antonio Plasencia y al Ayuntamiento de Güímar a acometer las obras de restauración y desintoxicación de la cantera de Las Rosas, que funcionó como vertedero ilegal, tras ser denunciada por la Apmun en 2006.