El Consorcio Urbanístico gestionará este año un presupuesto de 1,7 millones

El Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz gestionará este año un presupuesto de 1,7 millones de euros, una cifra que supone un ligero incremento del 0,29% con respecto al pasado año. La aportación del Gobierno de Canarias asciende a una previsión de 1.000.000 de euros, mientras que el Cabildo de Tenerife lo hará con 500.000 y el Ayuntamiento portuense con 160.000 euros.

Aunque todavía no han sido aprobadas, entre las actuaciones que realizará en 2017 el ente supramunicipal se encuentran, una vez más, la regeneración de la playa de Martiánez (500.000 euros); la ejecución del proyecto de renovación y mejora de la Plaza del Laurel (300.000 euros); el acondicionamiento de la calle Tegueste; (20.000 euros); y la primera fase del nuevo espacio San Francisco (80.000 euros). Esta última consiste en garantizar un grado de ejecución completo y adecuado de las obras de consolidación a realizar en el inmueble protegido y las nuevas exigidas. La actuación se licitará próximamente, una vez que ya ha sido autorizada por la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.

Asimismo, se acometerá la segunda fase de acondicionamiento de Playa Jardín (91.283 euros); el Paseo de Los Cipreses o Ágatha Christie (200.000 euros), al que se le dotará de accesibilidad.

Así lo informó ayer el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, quien también preside el Consorcio, junto al alcalde del Puerto de la Cruz, Lope Afonso, tras la firma del convenio mediante el cual el Ayuntamiento le delega al ente las competencias urbanísticas en aquellas actuaciones incluidas en el Plan de Modernización y Mejora (PMM).

Nueva oficina
Con el objetivo de agilizar la tramitación de estas últimas, el próximo mes se abrirá una oficina técnica en un lugar céntrico de la ciudad en la que se podrá realizar toda la tramitación de las actuaciones y se informará a la ciudadanía de las mejoras llevadas a cabo en el municipio bajo el paraguas del Consorcio.

El Ayuntamiento seguirá recibiendo las solicitudes que serán remitidas a la nueva oficina, pero seguirá percibiendo la recaudación por tasas, impuestos y otros cobros exigibles, ya que mantiene sus competencias en cuanto a las resoluciones que requieren acuerdo plenario y las legalmente indelegables como, por ejemplo, las de disciplina urbanística.