Empleados del servicio municipal de grúas lagunero presuntamente vendieron piezas extraídas ilegalmente a vehículos retirados de la vía pública durante la etapa en que el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, era alcalde de la Ciudad de los Adelantados. Así lo sostienen otros trabajadores de la empresa en aquella época y que rechazaron participar en estas actividades fraudulentas. Los denunciantes, finalmente, fueron despedidos tras negarse a trabajar en el depósito de la calle Espinero donde se localiza ese expolio en los vehículos particulares. Dichos trabajadores relataron en 2012 estos hechos ante la Guardia Civil, dando pie a las diligencias que hoy continúan tramitándose en el Juzgado de Instrucción Número 3 de La Laguna.
Para sostener su relato, dos de dichos trabajadores, Francisco Javier Ramos y José Luis Ramos, facilitaron a DIARIO DE AVISOS imágenes obtenidas en dicho depósito, donde se observan indicios de los hechos descritos; las mismas obran en poder del juzgado y de los investigadores. También mostraron algunos de los reclamos para vender las piezas en webs tan conocidas como milanuncios.com y segundamano.es. Allí figura como contacto uno de los números de teléfono corporativos que usaba la empresa (Autogrúas Poli) para que los ciudadanos solicitaran sus servicios, concretamente en la zona de La Cuesta.
Otro dato clave en este apartado del llamado caso Grúas es que, en esa época, la concesionaria adeudaba a sus trabajadores varias nóminas a pesar de que el Ayuntamiento cumplía con los pagos después de que esta pasara a manos de un grupo conformado por siete empleados, a los que sus antiguos compañeros señalan como “afines a Clavijo”. Detalla Francisco Ramos, readmitido por orden judicial y al que desde hace medio año se le abona el sueldo sin tener que ir a trabajar, que esta vinculación con el ahora presidente autonómico es “bien conocida” en los cenáculos laguneros. “La mujer de uno de ellos trabaja en una administración de fincas, que es o fue propiedad de Clavijo; otros dos lo conocen de practicar kárate…”, narra Francisco durante la entrevista, mientras que su compañero José Luis añade que “cuando negociaban para quedarse la empresa te demostraban su relación con Clavijo; por ejemplo, lo llamaban mientras trataban con Padilla [José Padilla, anterior titular de la concesionaria] y él se ponía, aunque no intervenía en la negociación, quedaba claro que eran amigos”.
Otro dato que apunta hacia esa tesis es que Padilla aseguró ante la Guardia Civil (adjuntando documentación) que el Ayuntamiento dejó de pagarle varios meses hasta acumular una deuda superior a los 200.000 euros, lo que le forzó en 2011 a la venta de la empresa a ese grupo de supuestos afines al entonces alcalde. Eso sí, tal venta fue mano de santo, porque a los pocos días se abonaron esos 200.000 euros. Lo que se desconoce son los motivos exactos de la deriva posterior de Autogrúas Poli con sus nuevos propietarios, ya que no consta que el Ayuntamiento volviera a retrasarse con el dinero, y, sin embargo, las deudas se multiplicaron en la empresa, a tal punto que los trabajadores acumularon meses sin cobrar, y los embargos se sucedieron para, por ejemplo, pagar a la Seguridad Social. Los agobios económicos habrían motivado esa supuesta venta de piezas robadas.
A pesar de que un escrito del entonces concejal del área Antonio Pérez Godiño reconoce que la custodia de los vehículos retirados por la grúa es responsabilidad municipal, el Ayuntamiento de La Laguna esgrime que los coches afectados ya estaban para desguace, y que tal circunstancia los exime. Tanto Francisco como José Luis Ramos lo niegan: “Alguno de esos coches fue retirado una semana antes de quitarle piezas, y lo sé porque los retirábamos nosotros”. Francisco añade que “si están para desguace hay que llevarlos a Desguaces Tenerife, no se desguaza en un depósito municipal como el de la calle Espinero”. Desde el Ayuntamiento se replica que el juzgado sigue sin incriminarlos en el asunto.
Desde la perspectiva de las responsabilidades políticas, cabe recordar que, tras un año desperdiciado en dos reuniones formales, se espera que la comisión creada en el Ayuntamiento para aclarar lo sucedido inicie al fin sus trabajos en estos días.
“USTED PÓNGASE A TRABAJAR”
Así habría respondido el entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al ser informado sobre la presunta venta por internet de piezas robadas a vehículos retirados por el servicio de grúas municipal lagunero. Lo cuenta José Luis Ramos, entonces empleado de la concesionaria municipal (Autogrúas Poli), que poco después fue despedido.
Ramos asegura que la escueta conversación tuvo lugar en la calle tras un encuentro casual, ya que por aquel entonces no lograban que Clavijo les recibiera en el despacho oficial. Es más, estos trabajadores tuvieron que plantarse en la puerta de dicho despacho en 2013 para que al fin el alcalde se aviniera a una reunión: “Tampoco es que hablara mucho aquel día; en realidad, no dijo absolutamente nada mientras estuvimos allí”, recuerda Ramos. Al poco fue despedido.
Tal desafección de quien entonces era el principal responsable del Ayuntamiento de La Laguna no se corresponde con la gravedad de la situación que atravesaba este servicio de grúas por aquellos días. Aunque ya sería bastante la mera sospecha de que vehículos de los vecinos retirados por las grúas de la concesionaria municipal eran desmontados y sus piezas vendidas por internet, hay claros indicios sobre la ilegalidad de tal servicio en esa época. Por ejemplo, los trabajadores no cobraban en tiempo y forma, un requisito de la concesión.
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